La Corte de la provincia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario de la comunidad mapuche Lof Suyai Levfv para evitar ser desalojades. Esta es la tercera vez que pretenden expulsar a esta familia mapuche de Los Molles, San Rafael.
Les terratenientes Aldao y Bombal, de familias de la aristocracia provincial, iniciaron un juicio civil. Sostienen que estos territorios les pertenecen desde la conquista del desierto: la campaña de genocidio y ocupación de territorios indígenas desde fines del siglo XIX.
En todo el país, las normativas contemplan la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía sobre sus tierras. En Mendoza, al igual que en otras provincias, estos derechos están siendo amenazados.
Los derechos indígenas en Mendoza
Según denuncian las comunidades, Mendoza no ha implementado política indígena. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) comenzó un relevamiento territorial pero sólo llegó hasta 6 de las 26 comunidades de la provincia.
A raíz de los conflictos territoriales, el gobernador Rodolfo Suárez tildó de hostiles a los pueblos originarios y sostuvo que poseen una ‘’predisposición genética a la delincuencia’’, dichos que fueron inmediatamente repudiados por ser racistas y violentos.
Como comunicaron desde Identidad Territorial Malalweche, solicitan ‘’una urgente prórroga a la ley 26.160 y una verdadera reparación histórica a los Pueblos Naciones Originarias en Argentina. Los poderes provinciales se resisten a reconocer los derechos de los pueblos por sus intereses corporativos y feudales’’.
La ley 26.160
Dentro de las fronteras nacionales existen más de 1700 comunidades indígenas, las cuales están reconocidas como preexistentes étnica y culturalmente al Estado argentino por el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.
De forma complementaria, la ley 26.160 declara la emergencia territorial de los pueblos indígenas, impidiendo que los desalojen de sus tierras. Actualmente, la prórroga de la ley tiene media sanción en el Congreso.