El 29 de octubre del 2020, Guernica amaneció en una nube de humo. En medio de la madrugada, más de 4.000 policías rodearon los cuatro barrios de emergencia que se habían gestado durante la cuarentena. Alrededor de las cinco de la mañana, les efectives de la bonaerense iniciaron el desalojo, casilla por casilla. A fuerza de golpes y disparos, lograron contener todo intento de resistencia. A su paso fueron derrumbando y prendiendo fuego 2.223 toldos.
“Luego de haber sido desalojadas de manera violenta, muchas personas han vuelto a vivir en la calle. Otras fueron a paradores, también hay quienes han vuelto a alquilar, y quienes han hecho alquileres colectivos. Es decir, cuatro o cinco familias dentro de una misma casa en situación de hacinamiento. Asimismo, existen personas que han llegado alquilar de manera informal”, contó Yamila, vocera de la comisión de Vecines y Organizaciones sociales de la recuperación de Tierras de Guernica.
Ese día, más de 4.400 personas se quedaron sin techo, de las cuales se estima que 2.797 eran menores de edad. Además, el relevamiento arrojó que, al momento del desalojo, 1.859 vecines estaban desocupades, mientras que sólo 494 tenían trabajo. Por otro lado, 271 personas poseían trabajo informal y otras 20 eran jubilades, pensionades o tenían algún tipo de discapacidad.
Por su parte, Yamila se vio obligada a regresar a la casa familiar. «Actualmente estoy viviendo en la casa de mis padres. Mis hermanos también fueron parte de la recuperación, y también han vuelto a vivir a la casa de mis padres con sus hijos. Somos nueve hermanos. Es decir, estamos viviendo una situación de hacinamiento bastante compleja», dijo.
El origen del conflicto
Al sur de la Provincia de Buenos Aires, dentro del partido Presidente Perón, se encuentra la localidad de Guernica. Allí, desde julio del 2020, en un contexto de crisis económica e incapacidad de acceso a la vivienda, se fueron gestando los barrios La Unión, La Lucha, 20 de Julio y San Martín, sobre terrenos que llevaban abandonados más de 40 años.
Sin embargo, la disputa estalló cuando la firma El Bellaco S.A., dedicada a emprendimientos inmobiliarios, reclamó 60 hectáreas. En ellas pretendía construir un complejo de barrios cerrados del Club de Rugby San Cirano. Estos terrenos representan sólo el 55% de las tierras en conflicto, del 45% restante no hay dueños demostrables.
Una negociación trunca
Luego del desalojo, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, junto con el ministro de Desarrollo del distrito, Andrés Larroque, se comprometieron a reubicar a las familias. Para ello, obtuvieron la cesión, por parte del municipio, de un terreno contiguo al que había sido el epicentro del conflicto.
Ahí, el Estado prometió edificar un barrio. En diálogo con les vecines y organizaciones que habían participado de la toma, diseñaron un proyecto de urbanización. El mismo contaría con 850 terrenos, 43 mil metros cuadrados de espacios verdes, un polideportivo, un parque para realizar actividades recreativas, un colegio con los tres niveles educativos, centros de desarrollo infantil, equipamiento de salud y de seguridad.
El plazo que se acordó para que el Estado entregara los lotes fue de 180 días, que se cumplieron en el mes de julio. Sin embargo, pasaron los meses y la adjudicación de las tierras nunca llegó.
“Las primeras actas de pre adjudicación de lotes y de servicios que se han hecho firmar en diciembre y febrero de este año, no se han cumplido. Entonces, nos da un primer pie a descreer de las promesas que ha hecho el Gobierno”, aseguró Yamila. Y en ese sentido explicó que se ven obligades a realizar medidas de lucha para exigir que se garantice “ un derecho tan básico como el de acceder a una vivienda”.
Una ley que ampara a les vecines
“Y ni siquiera estamos hablando de vivienda, no queremos que nos regalen nada. Queremos un pedazo de tierra para construir nuestros hogares, es algo muy básico”, agregó. De esta manera se pone sobre la mesa el incumplimiento, por parte del gobierno, de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.
Esta ley, sancionada en 2012, tiene como objetivo “la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable en la Provincia de Buenos Aires”. Como fundamento jurídico cuenta con cuatro principios rectores. “Ellos son: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios”.
Tierra para vivir
Previo al desalojo, un grupo de geógrafes, arquitectes y urbanistas de la Universidad de Buenos Aires se propuso rediseñar el barrio. Se trabajó de forma conjunta con les habitantes una nueva planificación que buscaba utilizar sólo un 10% de las tierras que Bellaco S.A iba a destinar al complejo de barrios de lujo.
La Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat dispone en su artículo 51 que ese es el porcentaje que un emprendimiento inmobiliario puede ser obligado a ceder a alojamientos sociales o de bajo coste. De acuerdo con el artículo, los considerados “grandes emprendimientos inmobiliarios”, de más de 5.000 metros cuadrados, deben ceder el 10% de la superficie total para fines sociales.
Sólo 36 hectáreas correspondían a Bellaco S.A. El resto del proyecto se desplegaba sobre 41 hectáreas de terrenos en estado de abandono, que podían considerarse como “baldíos u ociosos”. En este caso, y siguiendo lo dispuesto por la ley, se los puede declarar de «utilidad social» y otorgarlos a las familias con un plan de pagos que puedan afrontar. No obstante, el gobierno una vez más desoyó al pueblo.
“Seguimos apostando por volver a nuestro territorio”
“Como vecinos y vecinas, hemos continuado organizándonos a pesar de no tener territorio físico. Tenemos un territorio emocional y una mística que hemos construido a lo largo de todo el proceso. Eso se ha traducido en asambleas para seguir pensando cómo solucionar este conflicto”, narró Yamila.
En ese sentido, convocó a movilizar hoy desde las 9 hs en el Puente Pueyrredón. “Un desalojo no es una solución. No nos han derrotado. Seguiremos reclamando por el acceso a una vivienda y a la tierra, que entendemos que es una problemática estructural, de la cual ningún gobierno se hace cargo”, concluyó.