Oct 6, 2021 | Actualidades

Pueblos originarios reclaman por la prórroga de la Ley de relevamiento territorial

Frente a su vencimiento pactado para el próximo mes, distintas comunidades originarias se movilizaron hoy hacia el Congreso Nacional
Representantes de diversos pueblos y naciones originarias como los coyas, ichís, pilagás, diaguitas, quilmes, mapuches, quechuas y aimaras buscan la prórroga de la Ley de Relevamiento territorial de comunidades indígenas. Crédito: pcr.org.ar

La convocatoria, llevada a cabo por el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, se realizó hoy por la mañana. Desde la 9 de Julio y Av. De Mayo, ubicadas en el centro porteño, marcharon hacia el Congreso Nacional. Allí, fueron recibides por diputades, con quienes se reunieron para comunicarles sus necesidades.

Participaron representantes de distintas provincias de todo el país: como Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones Santa Fe y Buenos Aires. “Hermanas y hermanos, Coyas, Guaraní, Ava Guaraní, Bya Guaraní, Wichí, Pilagá, Qom, Mocovi, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas y Aimaras estamos unidos para obtener la prórroga y el presupuesto necesarios para que se puede aplicar y hacer efectiva la ley 26.160”, señalaron en un comunicado desde el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios.

Las demandas

“Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitamos las comunidades. Se suspende todo proceso de desalojo y ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras”, explicaron. 

En noviembre de este año vence el tiempo de aplicación de esta ley, pero aún no se ha completado el censo. Por eso, solicitan que continúe vigente la prohibición del desalojo mientras se siga avanzando en el reconocimiento del territorio.

Además, van a plantear en el Congreso que se trate y apruebe el proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Esto permitiría obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados. Por último, pedirán que todas las legislaturas provinciales adhieran a la Ley 26.160.

Ley de relevamiento territorial de comunidades indígenas

La Ley Nacional 26.160 es una ley de emergencia, y de orden público. Fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años. El objetivo era dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país.

Fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. 

Al ser una ley de emergencia es una ley de excepción, elaborada por necesidades de orden público ante la grave situación vivían las comunidades indígenas como integrantes de la sociedad. Pero es de carácter transitorio, tiene un plazo de vigencia determinado.

Entre sus objetivos, declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país. Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Mientras esto se realiza, se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. 

El Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha encabeza esta movilización hacia el Congreso Nacional y la reunión con diputades para debatir sobre la situación del relevamiento territorial. Crédito: unsam.edu.ar

Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.)

En el año 2007 se creó el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.). Fue elaborado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Participaron representantes del Consejo de Participación Indígena, que está integrado por dos representantes de cada pueblo originario de cada una de las provincias.

Entre sus funciones se encuentran el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas del país y, en caso de corresponder, de las tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Esta acción es llevada a cabo por diferentes profesionales como geógrafes, antropólogues, administratives y abogades. 

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