El jueves 15 de julio por la mañana, empleados municipales y vecines irrumpieron en las tierras de la familia Sepúlveda. Sucedió en el paraje Los Carrizos, en el norte de la provincia de Neuquén. Allí, en el río Nahueve, se construye desde hace meses una represa.
El campo de les Sepúlveda se encuentra junto al curso de agua, por eso sus lotes son codiciados por quienes construyen el proyecto. Ya a principios del mes de julio uno de sus alambrados colindantes a la obra había sido cortado para continuar con el trabajo.
El pasado jueves 15 la situación recrudeció. Mariano Sepúlveda, hijo de una de las personas que vive en el predio, relató la situación al medio de comunicación LM Neuquén. “Llegó gente de Villa Nahueve: vecinos, empleados municipales, se metieron al lote 32 de la familia Sepúlveda. Tiraron el alambrado y postes en la margen izquierda del puente».
Estas personas irrumpieron sin orden de desalojo en el hogar familiar. “El grupo de personas se metió en la casa, empujó a mi tío y empezaron a sacar todas las cosas fuera del alambrado”, describió Mariano Sepúlveda. El hombre contó que cuando llegó al predio pudo ver cómo sacaban afuera las cosas de su padre y “la policía no hizo nada”.
Ante el atropello en su vivienda, los dueños del hogar realizaron la denuncia correspondiente. Además, las asambleas socioambientales que acompañan el reclamo convocaron una radio abierta y manifestación en Neuquén capital. Estas medidas se suman al recurso de amparo que se presentó la semana pasada, con el reclamo del derecho que tienen les campesines sobre sus tierras.
Las tierras de les Sepúlveda
Denis Álvarez pertenece a la Asamblea Territorial de Tricao Malal, una de las asociaciones que están a cargo del reclamo. Sobre la situación de la familia Sepúlveda comentó que es “gravísima”. “Tanto la Comisión de Fomento de Villa Nahueve como la empresa Rovella Carranza están avanzando sobre su campo”, denunció Álvarez. Y prosiguió “todo esto de una manera muy turbia, con mucho apriete y manoseo de parte de las autoridades”.
El integrante de la Asamblea Tricao Macal explicó que les Sepúlveda tienen un campo heredado de sus padres campesinos, que conservan desde 1940 aproximadamente. En 2017, el gobernador de la provincia de Neuquén cedió oficialmente a la familia los lotes que hoy están en disputa, a través de dos decretos. Hace algún tiempo, uno de los Sepulveda que tiene alrededor de 60 años, puso en condiciones una casa existente en esos terrenos y se instaló allí. En ese hogar fue donde se produjo el ataque el jueves por la mañana.
La situación habitacional
Denis Álvarez explicó a Nota al Pie uno de los problemas de fondo. “La Comisión de Fomento llegó al lugar acompañada de vecinos que reclaman una solución habitacional. La respuesta fue invitarlos a sacar a este hombre mayor de 60 años de manera ilegal”, denunció.
Álvarez afirmó que quienes se hicieron presentes en los terrenos de los Sepúlveda eran trabajadores municipales y familias allegadas al poder con necesidad habitacional. Se genera lo que él llama una guerra de “vecinos contra vecinos”.
“Poner a vecinos de la Villa Nahueve que tienen una necesidad habitacional y están alquilando hace más de 15 años es enviarlos a hacer el trabajo sucio del gobierno”. Así, denunció que no se resuelve su problema ni se asegura el derecho a una vivienda digna.
¿Cuál es el estado judicial del reclamo?
El desalojo a la familia Sepúlveda se dio sin orden oficial. Por eso, las asambleas socioambientales lo consideran ilegal. Denis Alvarez denunció que “sigue habiendo mucho apriete de la Comisión de Fomento, que está constantemente con sus camionetas estacionadas dentro del terreno de los Sepúlveda”.
Junto a las demás organizaciones que repudian la construcción de la represa en el Río Nahueve, presentaron un recurso de amparo la semana pasada, a principios de julio. Se suma al petitorio elevado hace 11 meses, “firmado por las 14 familias de la Villa del Nahueve y zonas aledañas que se ven afectadas directamente por la obra”. El problema que encuentran desde lo legal es que a muches campesines que viven allí se les niegan los títulos de propiedad. “Más allá de tener en el lugar muchísimo más de 20 años, siguen siendo legalmente tierras fiscales”, se lamentó Álvarez. “Pero ellos tienen una tenencia precaria y eso ya es un derecho posesorio de la tierra”, se esperanza. En el nuevo recurso de amparo, exigen que se respeten esos derechos.