La semana pasada, el Gobierno Nacional autorizó a la Provincia de Córdoba a recibir fondos internacionales para financiar la autovía del Valle de Punilla. El comunicado fue rechazado por las asambleas de la región, que expresaron su repudio en su Facebook Unidos por el Monte.
Nota al Pie dialogó con una de las integrantes de la Asamblea San Roque Despierta, Eugenia Caraballo. La asambleísta denunció que “con este aval la Nación se vuelve cómplice de lo que el Gobierno de la Provincia, más nuestros jefes comunales, intendentes, hacen”. En este sentido, aseguró que les funcionaries violan “absolutamente nuestros derechos, las leyes, como que no existiéramos”.
Según el aval de Nación, de los 100 millones de dólares que se utilizarán para el tramo San Roque – Cosquín, el 75% serán otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Con respecto a esto, Caraballo remarcó que la provincia “está altamente endeudada, y esos 75 millones de dólares es parte de seguir endeudándola”.
Además, comentó que denuncian al Gobierno Nacional que “está dando un aval de un crédito mientras hay una audiencia pública en curso”. En este sentido, comentó: “aparentemente no se dan por enterados que todos estos procesos son determinantes para que se haga o no la obra; y ellos van como cumpliendo requisitos sin importar lo que nosotros podamos decir o queramos”.
“Las audiencias públicas son parte de un proceso. Y pueden ser determinantes, no son vinculantes, pero sí en una audiencia pública hay muchas objeciones, tendrían que explicar por qué se apartarían de eso”, remarcó.
La entrevistada también explicó que la provincia financiaría una parte de la obra. “Entonces también está esa discusión, de ver nuestros gobiernos en qué deciden gastar la plata. Y nosotros queremos ser parte de las discusiones para plantear cuáles son las necesidades primordiales que tenemos”, manifestó.
La cuestión ambiental
Uno de los principales argumentos en contra de la autovía es que, de realizarse, generaría una “destrucción tremenda en lo ambiental”. Caraballo advirtió que el Valle de Punilla “ya está en una situación crítica” y que “Córdoba no puede perder ni un centímetro más de bosque nativo”.
Con respecto a esto, la entrevistada aseveró que hay zonas de bosque de máxima conservación y que “hay menos de un 3% en buenas condiciones”. Sin embargo “las zonas a proteger y que están definidas como zona roja son mucho más grandes, y no se debería avanzar por esa zona”.
En este sentido, la asambleísta aseguró que “esta obra pretende avanzar por zonas quemadas”. Sin embargo, la Ley 26.815 de Manejo del Fuego prohíbe “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”
“Violan todas esas leyes. No solamente lo que tiene que ver con nuestra participación y cuáles son los mecanismos en que debemos ser informados y consultados; sino que violan leyes con lo ambiental de una manera espantosa”, denunció Caraballo.
Urbanización y acceso al agua
La asambleísta explicó que “el bosque nativo tiene la función de retener el agua”, que “nos da para tener la reserva después en el resto del año cuando no hay lluvia”. En este sentido, la entrevistada advirtió que no sólo no contarían con este recurso, sino que habría inundaciones, como ya sucedió.
“Después de los incendios, cuando vinieron las lluvias, al no estar el monte nativo para retener, fueron ríos e inundaciones en muchas de las localidades del Valle de Punilla”, recordó. “El cemento no absorbe absolutamente nada, así que vamos a tener mayores problemas de agua”, remarcó la mujer.
“También lo otro es que una autovía, cualquier ruta que vas generando, trae más urbanización”, comentó. En esta línea, Caraballo manifestó que “hoy los servicios ya los tenemos colapsados en el Valle de Punilla. No hay cloacas, el agua no alcanza, hay un montón de cosas sin resolver; y si a eso le vamos a acelerar la urbanización sin ningún tipo de planificación, vamos a terminar de estallar los Valles de Punilla”.
La asambleísta denunció que el gobierno “utiliza para la opinión pública que la Ruta 38 está colapsada, es el discurso desde el 2017 a esta parte”. En este sentido, comentó que el colapso del tránsito “es parte de las no políticas públicas que no han tenido en todo este tiempo, para evitar que eso suceda”.
“No negamos que hay una situación a resolver, que es la del tránsito acá”, reconoció Caraballo. Sin embargo, remarcó que el tema es “desde dónde creemos que resolver el tránsito con una autovía nos va a mejorar la calidad de vida, si a costa de tener esa autovía vamos a destruir los recursos naturales que nos permiten vivir”.
Historia de la lucha
La resistencia a la autovía del Valle de Punilla inició en 2017. En ese momento, el gobierno comenzó la obra “del puente que hoy ya está inaugurado sobre el dique San Roque”. La asambleísta recordó que “ellos negaban que hubiera una intención de autovía”.
Sin embargo, en abril de 2017 fueron convocades a una audiencia en Carlos Paz, en la que “todos los funcionarios que intervinieron hablaron de una autovía”. En este marco, las asambleas presentaron “un amparo, mostrando que en realidad la intención era la autovía de montaña”. En relación con esto, Caraballo comentó que a fines de ese año “los vecinos que habitamos los lugares, que recorremos la montaña”, comenzaron a encontrar marcas que daban indicios de la obra.
Recién en enero de 2018, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, admitió “las intenciones de la autovía de montaña. Y ahí se empezó a poner más candente la lucha y la situación”, contó Caraballo. La asambleísta comentó que, como consecuencia, “se genera este despertar. Ya existían algunas organizaciones ambientales, algunas organizaciones socioambientales también, y nos fuimos vinculando”.
“En algunas localidades se fue organizando las asambleas, donde compartíamos y contábamos de qué se trataba esto”, contó. Además, reclamó que “nuestros gobiernos locales nos niegan la información, nos envían a preguntar a la provincia, cuando son ellos los que deben pedirla y bajarla a los vecinos”.
La mujer explicó que en 2018 denunciaron que la obra “que ellos vienen a decir que trae desarrollo de turismo al Valle de Punilla, en realidad la intención es que es parte del plan IIRSA”. Éste es un proyecto latinoamericano de rutas, que según Caraballo “buscan solamente profundizar el extractivismo. O sea, todas rutas que van hacia el Pacífico para llevarse todos los recursos que tenemos”.
“Este año recién blanquean que son parte de esta ruta bioceánica. Pero siguen diciendo que la ruta es para traer desarrollo a Punilla”, manifestó. Eugenia Caraballo comentó: “mencionan al turismo, por ejemplo, ¿qué turista va a venir si tenés los ríos contaminados y las montañas destruidas?”
Modus operandi del gobierno
La asambleísta aseguró que desde 2017 el gobierno repite “el mismo mecanismo”. En este sentido, reiteró: “No dan la información completa, y no tienen en cuenta para nada a la ciudadanía en la toma de decisiones; cuando la Ley lo que establece es que debe existir la participación ciudadana en las intenciones del diseño, que eso sería una etapa anterior a la audiencia pública”.
“Ellos nos llevan una vez más, a una audiencia pública, donde tienen ya definido qué pretenden hacer. Y la ley lo que dice es que la participación y la información debe existir antes de tomar esas decisiones”, remarcó.
Además, comentó que “los jefes comunales y los intendentes tienen que firmar para estas obras el permiso del uso de suelo”, para autorizar que la obra pase “por el territorio que ellos gobiernan”. En este sentido, aseguró que “dan siempre esas autorizaciones a espaldas de la gente, a puerta cerrada, y el gobierno va actuando como si tuviera que cumplir ciertos requisitos administrativos”.
Del mismo modo, Caraballo explicó que la virtualidad es usada para limitar la participación de la ciudadanía. “Antes, para inscribirte a una audiencia pública vos enviabas un mail”, recordó. Sin embargo, denunció que “hoy lo usan para limitar”, porque exigen “que para inscribirte vos tenés que ser Ciudadano Digital nivel 2”.
En este sentido, aseveró que “no se han ocupado ni desde el gobierno de la provincia ni los gobiernos locales, en generar mecanismos donde la gente que no tenga ni la tecnología ni el conocimiento para participar sí lo pueda hacer”.