La crisis que estalló en Colombia el 28 de abril lleva más de 15 días y se vive un clima de mucha tensión. Si bien al momento las movilizaciones siguen y se ha replegado la represión durante el día, por la noche la violencia policial continúa.
Cali y otras ciudades permanecen militarizadas y las causas de fondo del conflicto se mantienen sin resolución, con lo cual es de esperar que en cualquier momento el conflicto vuelva a recrudecer.
La brutal represión a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que mantuvo en vilo a todo el país, y que aún no ha cesado por completo, conmovió al mundo, movilizando a numerosos organismos internacionales de Derechos Humanos a proclamarse en estado de alerta permanente y en defensa del pueblo colombiano.
El cerco de los medios hegemónicos intentan ocultar los acontecimientos que logran trascender a fuerza de publicaciones en medios alternativos; y gracias a la numerosa cantidad de videos que las personas comparten en las redes sociales.
Los números del drama en el país “cafetero”
De acuerdo al último informe presentado por la ONG Temblores, del 28 de abril al 10 de mayo se registraron por parte de las fuerzas armadas:
- 1956 casos de violencia policial
- 1003 detenciones arbitrarias
- 418 caso de agresiones violentas
- 313 víctimas de violencia física
- 129 casos de disparos con armas de fuego por parte de la policía
- 40 víctimas de violencia homicida
- 28 víctimas con agresiones en los ojos y
- 12 casos de violencia sexual perpetrados por la fuerza pública.
La magnitud de los hechos obligó al presidente Iván Duque a realizar anuncios significativos para calmar las protestas y la trascendencia internacional de la crisis social. Las principales medidas anunciadas fueron la “marcha atrás” en las reformas tributaria y de salud, y la promesa de educación gratuita para los estratos (niveles de clase social) que van del 1 al 3.
En diálogo con Nota al Pie, ciudadanos colombianos y periodistas de diversos medios alternativos explicaron por qué consideran que estos anuncios son solo una maniobra distractiva del mandatario para frenar la escalada del conflicto social.
El eufemismo de la “marcha atrás” en la reforma tributaria
Uno de los mayores detonantes del estallido social en Colombia fue el proyecto de “Ley de Solidaridad Sostenible”, por el cual el gobierno de Iván Duque pretendía imponer el cobro del 19% de Impuesto del Valor Agregado (IVA), a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), entre otros.
La aprobación de una reforma de este tipo impactaría de forma directa y negativa sobre el salario de la población con menores recursos, que ya viene castigada por la crisis económica que atraviesa el país hace varios años y que se agudiza aún más en el contexto actual de pandemia. Por este motivo la gente se volcó masivamente a las calles.
Ante la fuerza del reclamo social y las repercusiones internacionales por la brutalidad del ESMAD en la represión de las protestas, el gobierno se vio obligado a declarar que la reforma ya no se llevaría adelante.
Los «anuncios» del Presidente
“No es la primera vez que el Presidente miente” afirma Linda. Dado que en la campaña presidencial de Duque una de las promesas más reiteradas fue la reducción de impuestos. Ella es colombiana y vive en Popayán, una ciudad ubicada en el Departamento del Cauca al suroeste de Bogotá.
La joven explica que el anuncio es solo una estrategia discursiva del presidente porque el retiro de la reforma original es solo un hecho de palabra, porque no se conoce ningún documento oficial de esta acción más que los dichos del presidente de haber enviado a redactar una nueva de la cual se desconocen aún las propuestas.
“Ya hizo lo mismo en otras oportunidades y conocemos muy bien los resultados de sus mentiras”, afirmó la joven y agregó: “Esto es como la dictadura argentina en el ´78, están queriendo tapar lo que está ocurriendo para jugar a toda costa la Copa América, mientras aquí siguen matando gente”.
El rechazo a la reforma de salud
El proyecto de Reforma de Salud que el gobierno de Iván Duque pretende llevar a cabo ingresó a tratamiento parlamentario en septiembre de 2020 y, al igual que con la reforma tributaria, se encuentra en proceso de marchas y contramarchas dado que se retiró momentáneamente para realizarle enmiendas.
Sin embargo, los puntos claves por los cuales no consigue el consenso de amplios sectores de la salud y gran parte de la sociedad civil siguen intactos.
Lo que denuncian los especialistas en el tema es que, de aprobarse dicha reforma, dejaría prácticamente sin servicio de hospitales públicos a la población más vulnerable porque los asfixiaría financieramente para obligarlos a fusionarse con empresas privadas.
De esta forma se obligaría a las personas a migrar a servicios privados de salud, dejando sin posibilidad de asistencia sanitaria a más de 22 millones de colombianos que no podrían pagarlo.
Esto aumentaría sustancialmente el gasto de bolsillo de quienes cuentan con algo más dinero para acceder a esos servicios privados y contribuiría a agrandar aún más la brecha de la desigualdad social.
María Fernanda Fitzgerald, periodista de Cerosetenta (medio digital de Bogotá) al consultarle sobre la implicancia de la reforma aseguró: “en caso de aprobarse lo único que traería es más precarización de la que ya tenemos al sistema de salud, forzando una privatización que ocasionaría graves daños a la población”.
Educación pública y gratuita
Respecto a la promesa de educación gratuita para los estratos del 1 al 3, se trata de un anuncio que realizó el presidente en compañía de la Ministra de Educación, pero no dio ninguna precisión sobre cómo se iba a financiar y durante cuánto tiempo se mantendría la medida.
El gobierno no está dispuesto a habilitar nuevas plazas de ingreso a la universidad pública que es algo por lo que se viene luchando desde hace mucho tiempo. Por eso es que este anuncio se percibe como “un discurso de contentillo a la gente para que deje de marchar”, expresó Fitzgerald.
La violación de DDHH y la posibilidad de aplicar el Estatuto de Roma
Por otra parte, la guardia indígena que viajará a Cali el pasado 10 de mayo para realizar un cordón humano de resistencia frente a la militarización de las fronteras del Departamento del Cauce fue reprimida por militares y civiles de los estratos más altos de Cali que se armaron y dispararon contra la MINGA (movimiento de resistencia de las comunidades originarias).
Producto de estos disparos Daniela Soto, una joven de 23 años, fue herida y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Frente a estos hechos, por su parte, los medios oficialistas tergiversan y estigmatizan a la guardia indígena.
Reconocidos juristas colombianos estudian la posibilidad de elevar a la Corte Internacional la acusación, enmarcada en el Estatuto de Roma, por crímenes de lesa humanidad sobre el gobierno de Iván Duque.
El tratado internacional que Colombia ratificó el 18 de diciembre de 2003 establece en su artículo 7 inc H como crímenes de lesa humanidad toda persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, y/o de género.
La latencia del conflicto social
Efraín Rincón, periodista científico freelance de Bogotá, aseguró: “Las razones que llevan a la protesta social son las mismas que en 2019 llevaron al Paro Nacional, solo que en este caso es mucho más grave porque se incrementa con mayor intensidad la violencia policiaca”.
“La misma, en noviembre de 2019, se cobró la vida de Dylan Cruz un estudiante de 18 años de Bogotá y en otros momentos la vida de numerosos líderes de movimientos sociales” finalizó.
Mientras tanto en la medida que no existan transformaciones estructurales de fondo el estado de latencia del conflicto social en Colombia es una bomba de tiempo.