Recientemente, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció que la firma minera Livent construirá una nueva planta de litio. La empresa estadounidense, que ya posee una planta en el Salar del Hombre Muerto de Antofagasta de la Sierra, invertirá alrededor de 640 millones de dólares. Además, la provincia busca un acuerdo con la minera Posco, en Salta, para que también invierta en ese mineral.
En un encuentro en el que participaron la Intersindical Minera, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Cámara de proveedores locales, se dieron a conocer estos anuncios.
La compañía Livent estima que la construcción tardará 3 años y aseguran puestos de trabajo mediante contratos de empleabilidad ya que firmaron un acuerdo con el gobierno provincial. El litio obtenido será utilizado para la fabricación de las baterías de vehículos eléctricos de la automotriz alemana BMW.
Falsas promesas
Desde la empresa minera afirman que poseen la aprobación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Además, aseguran que la capacidad de consumo de agua de las comunidades no se verá afectada. Esto se debe a que poseen controles rigurosos de sus emisiones y desechos para proteger al medioambiente y a sus pobladores. La empresa minera Livent está instalada en el país hace más de 25 años, destacándose en la obtención de litio de alta pureza.
Por su parte, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita Catamarca sostienen que las promesas ofrecidas por el Gobierno nunca se cumplen, y que además no escuchan las urgencias de las comunidades. Para que haya diálogo, pretenden un marco de respeto intercultural, un temario y que se especifiquen las condiciones del encuentro.
Por el contrario, todo se realiza de manera unilateral y sin respetar a las comunidades como sujetos de derecho. Además, declararon que no van a negociar sus tierras ni avalar el avance de la megaminería en Catamarca.
Antecedentes de lucha
A finales de noviembre de 2019, integrantes de comunidades originarias fueron detenides por policías de Antofagasta de la Sierra sin ninguna justificación. Se trató de las detenciones de Ramón Calpanchay y Hugo Calpanchay, miembros de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano.
La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita Catamarca expresó en su momento que amedrentaron y hostigaron a los pobladores y comunidades que buscaban defender el territorio donde habitan. Además, acusaron al fiscal Jorge Flores, de Belén, de proteger los intereses económicos, personales y familiares de la minera Livent. Esto configuraba una incompatibilidad para con su función pública.
También reclamaron la violación y usurpación del territorio comunitario de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano por parte de la misma minera, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Ley 26160 y sus prórrogas respectivas. Dicho territorio originario está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, departamento de Belén, Catamarca.
Por otra parte, reclamaron que no era la primera vez que funcionarios públicos actuaban en contra de los derechos de las comunidades originarias, desconociendo su existencia y ejerciendo un acto de discriminación explícita hacia comuneros por el sólo hecho de ser indígenas.
