La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín definió dictar la falta de mérito para Claudio Scapolan. El fiscal de San Isidro estaba acusado de encabezar una extensa asociación ilícita junto a policías bonaerenses, abogades y funcionaries judiciales.
El fiscal Fernando Domínguez y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, habían iniciado su procesamiento por armado de causas. A esto se le suma la extorsión de imputados y reventa de drogas secuestradas en operativos policiales.
El fallo del dictamen
El 4 de mayo Scapolan fue suspendido de sus tareas como funcionario judicial por motivo del avance del juicio político en su contra. A todo ello, se había sumado el conjunto de material probatorio que lo exponía por liderar una asociación ilícita entre 2013 y 2015.
El Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense había dispuesto la suspensión preventiva de su cargo. Sin embargo, la Cámara Federal desestimó la evidencia “al no haberse constatado los elementos mínimos que habilitan mantener el procesamiento decretado”.
La Cámara Federal integrada por Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas fundamentó su dictamen en la “interpretación forzosa” de la serie de hechos por parte de Domínguez y Arroyo Salgado. Consideran que la evidencia reunida fue organizada de una manera tendenciosa y que no es suficiente para incriminar a Claudio Scapolan.
Un juez cargado de causas
Scapolan fue incriminado por cinco causas distintas. Algunas de estas se han denominado “Anacona” y “Bustamante”. La más reconocida, renombrada como “Anacona” o “Leones Blancos”, sucedió en 2013. Y refiere al encubrimiento del fiscal de un traslado de cargamento de cocaína realizado en Moreno.
Diego Guastini, quien lavaba dinero para el clan narco de los Loza, entregó a cómplices de la Bonaerense una tonelada de la droga bajo la coordinación de Scapolan. Domínguez rastreó que el operativo irregular también comprendió el robo de media tonelada luego comercializada en la Costa Atlántica.
La causa “Bustamante” ocurrió en 2014 y consistió en un conjunto de llamados irregulares y anónimos que involucra a la Policía Bonaerense y a un tal “Pirulo”, quien resultó ser Carlos Alberto Bustamante. La coordinación de los llamados expuso un dispositivo de traslado y acumulación de droga al que se accedió por pedido del propio Scapolan.
Sin embargo, ninguno de les acusades fue detenido. Y en el posterior juicio oral contra Bustamante se rechazó el pago de coimas por parte de los arrepentidos. El fiscal parece haber estado involucrado y los sospechosos, absueltos.
Plantando pruebas en las otras causas
“Santellan”, “Acosta” y “Ortellado Céspedes” son las últimas causas que exponen las irregularidades investigadas por la fiscalía de San Isidro. Sergio Leandro Santellán era el esposo de la hija de un narco, Claudio Andrada, detenido con media tonelada de cocaína en 2013.
Scapolan ordenó quince allanamientos en junio de 2014, incluído el domicilio de Santellán. Pero la causa resultó exponer al fiscal y su equipo en actitudes sospechosas por presunta plantación de droga.
Asimismo, “Acosta” se refiere a Celeste Noelia Acosta, detenida en una causa de drogas a cargo del fiscal. Lo conflictivo de la causa fue la declaración de un policía-testigo como arrepentido en 2018. Este manifestó ante Domínguez que la causa había sido armada.
Este había sido un mecanismo para actuar sobre una jurisdicción que no le correspondía a Scapolan (en este caso, San Martín). Al igual que otros casos, los allanamientos se habrían ordenado para exigir dinero a cambio de desvincular a parientes del supuesto narco.
Por último, “Ortellado Céspedes” sucedió en 2015 y se asocia a la intercepción de una camioneta en Moreno que había secuestrado 15 toneladas de marihuana. La policía allanó la vivienda y encontró 80 kilos de droga. No obstante, según investigaciones posteriores el secuestro parece haber sido planificado pero no para combatir el narcotráfico.
CPM como querellante
Como querellante institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) adelantó que recurrirá la decisión. Además, la calificó como un grave retroceso en relación a la vulneración de los Derechos Humanos. Según el organismo, el fallo es injustificado y desconoce la magnitud y la calidad de las pruebas recabadas. Y, sobre todo, la avanzada instancia a la que llegó el juicio político.
La jueza Sandra Arroyo Salgado reforzó que la investigación en curso comprende la existencia de una organización delictiva inserta en el Estado provincial vinculada con redes de narcotráfico. La misma se encuentra aparentemente conducida o coordinada por funcionarios de alta jerarquía.