El pasado lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Brasil anunció que pedirá los archivos con 10.000 horas de audios de los juicios de los tribunales militares excepcionales sobre torturas, muertes y desapariciones realizados durante la dictadura (1964-1985). Estos fueron sacados a la luz y compilados por Carlos Fico, profesor e historiador de la Universidad de Río de Janeiro. En cada uno de ellos, las autoridades del régimen admitieron violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la revelación del material se dio gracias a la funcionaria y víctima de torturas, Miriam Leitao, que actualmente es periodista del diario O Globo. La difusión de los audios fue motivada por el ataque que la mujer recibió por parte de Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del actual presidente Jair Bolsonaro.
Leitao fue detenida por el régimen autoritario y encerrada con una serpiente pitón, cuando tenía 19 años y estaba embarazada. En esta ocasión, el hijo del primer mandatario brasileño se burló de ella, y le dijo que “todavía sentía pena por la serpiente”.
Además, en sus redes sociales, deslegitimaron las torturas que la periodista recibió. “Miriam Leitão ciertamente no se ofendió. Solo tiene su palabra, diciendo que fue víctima de tortura psicológica cuando la arrojaron a una celda con una serpiente. Ya tengo la pulga detrás de la oreja, porque no tienes video, no tienes otros testigos, no tienes prueba documental, no tienes absolutamente nada”, expresó.
Brasil y un periodo oscuro
Humberto Costa, titular de la comisión de Derechos Humanos del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo: “Estas revelaciones demuestran que el trabajo de Brasil con su pasado apenas comienza. El Estado asumió cabalmente la existencia de torturas’’.
Además, destacó que la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de la dictadura, formada por orden de la expresidenta Dilma Rousseff, fue la antesala del descubrimiento.
Una deuda con la democracia
Luego de la relevancia que tomaron los audios, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, se burló de los hechos y rechazó juzgar bajo la ley a los represores de la dictadura. “¿Qué quieren investigar? Toda esa gente está muerta. ¿Van a sacar a estos tipos de su tumba?”, sostuvo.
En el caso de Brasil, no existieron juicios por violaciones de los Derechos Humanos en la dictadura o reparaciones, al contrario de lo que sucedió en Argentina. Esto se desencadena en virtud de una ley de autoamnistía sancionada en 1979, que sirvió como punto de partida para una transición que tuvo lugar apenas en 1985 y con voto directo en 1989. La normativa aún está vigente.
Además, dicha ley impidió el juzgamiento de los implicados en crímenes de lesa humanidad durante el golpe militar. El régimen es avalado por el presidente Bolsonaro y fue destacado el 31 de marzo por el ministro de Defensa. Estos han sostenido en varias oportunidades que el proceso militar, con todos los hechos oscuros que lo caracterizan, sirvieron para “acabar con el comunismo”.
Las torturas a embarazadas por parte de los militares
América Latina alberga varios antecedentes en la materia. Brasil, al igual que la Argentina, no fue la excepción. El golpe cívico militar argentino de 1976 perpetró actos similares: secuestro de embarazadas, partos en cautiverio, violencia obstétrica y robo de bebés.
Uno de los casos más reconocidos en nuestro país fue el de Laura Carlotto, hija de Estela Barnes, quien fue secuestrada mientras cursaba un embarazo de tres meses. Se desconoce el sitio donde dio a luz, pero su hijo Ignacio fue robado y entregado a una pareja de Olavarría por los militares. Luego de muchos años, Abuelas de Plaza de Mayo pudo restituir su identidad gracias a un estudio de ADN.