Bajo el lema “Los barrios populares no son la Casta. La SISU es agua, luz, trabajo y seguridad en la tenencia para un millón de familias”, las organizaciones firmantes de un comunicado que se presentó en una Asamblea realizada el martes, advierten sobre las graves consecuencias de la interrupción de esta política pública.
No se trata de meras estructuras administrativas, sino de la provisión de servicios esenciales como agua potable, cloacas, electricidad segura, pavimento, viviendas, escuelas, centros comunitarios y, fundamentalmente, trabajo.
Un retroceso en los derechos adquiridos y en la integración
La política de Integración Socio Urbana fue un pilar fundamental para el desarrollo y la dignidad de los barrios populares. Sus logros son tangibles y han impactado positivamente en la vida de millones de argentinos:
•Más de 1.300 obras de infraestructura básica realizadas, de las cuales 734 se encuentran actualmente paralizadas.
•Más de 150.000 puestos de trabajo generados, ofreciendo oportunidades y estabilidad a miles de familias.
•Más de 250.000 Obras de Mejoramiento habitacional a través del Programa Mi Pieza, beneficiando a mujeres de barrios populares.
•860.000 certificados de Vivienda Familiar vigentes, brindando seguridad en la tenencia y protegiendo a las familias de desalojos.
La disolución del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), mediante el Decreto 312/2025, a pesar de una medida cautelar judicial que ordena no innovar y suspende la liquidación total de los activos, representa una amenaza directa a estos avances.
La interrupción de esta política no solo paraliza obras y genera la pérdida de miles de puestos de trabajo para cooperativistas, trabajadores de empresas y estatales, sino que también interrumpe servicios básicos y expone al Estado a responsabilidades patrimoniales por incumplimiento contractual.
El riesgo de la invisibilidad y la exclusión
El desmantelamiento de la Integración Socio Urbana va más allá de la infraestructura; implica un retroceso en la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de los barrios populares. La reducción de personal, que pasó de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afecta directamente la capacidad técnica del Estado para ejecutar y supervisar estas políticas.
Equipos técnicos, contadores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, abogados y trabajadores sociales especializados en integración urbana son esenciales para garantizar la continuidad de los proyectos.
La seguridad en la tenencia, garantizada por el Certificado de Vivienda Familiar y la Ley 27.453, es un derecho fundamental que protege a las familias de la incertidumbre y el miedo al desalojo. Desmantelar esta política es empujar nuevamente a miles de familias a la invisibilidad y la exclusión, dejando la ley y el decreto sin una institución pública que los ejecute, convirtiéndolos en letra muerta.
Además, la presencia del Estado a través de la Integración Socio Urbana ha generado un fortalecimiento comunitario y una dinámica territorial de participación e inclusión. La interrupción de estas obras y la eliminación de programas sociales abren la puerta a que el espacio público sea ocupado por redes de narcotráfico, que reemplazan al Estado, controlan los territorios y afectan la vida de jóvenes y familias enteras a través del consumo, el narcomenudeo y la violencia. “Cuando se corta esta política, no se elimina un programa. Se ponen en riesgo vidas”, sentencian las organizaciones.
Un plan de lucha y visibilización de los barrios populares
Frente a esta crítica situación, ATE y UTEP, junto a otras organizaciones, han definido un plan de acción escalonado para defender la continuidad institucional y presupuestaria de la Integración Socio Urbana y los puestos de trabajo vinculados a su implementación. Este plan incluye:
•Jornadas de visibilización: Realizadas el viernes 20/2 y el lunes 23/2, con sentadas y “semaforazos” para concientizar a trabajadores y a la comunidad sobre el impacto del desfinanciamiento y la degradación institucional.
•Movilización el 24 de febrero a las 11 hs: Una asamblea de trabajadores estatales, cooperativas y vecinos en la sede de la SISU (Av. Roque Sáenz Peña 777, CABA), seguida de una marcha hacia el Ministerio de Economía (Av. Hipólito Yrigoyen 350, CABA), en defensa de la Ley 27.453/18, su financiamiento adecuado y la continuidad laboral del equipo técnico y profesional.
familias pudieran contar con un documento oficial que certifique el domicilio donde habitan. Crédito: ATE Capital.
•Campaña nacional de adhesiones: Con firma digital y manuscrita, dirigida a intendentes, legisladores, gobernadores, representantes de la Iglesia, cámaras profesionales, organizaciones sociales y vecinos de los barrios populares.
•Pedido formal de audiencias y solicitudes de acceso a la información pública: Para obtener precisiones sobre la situación presupuestaria, administrativa y estructural de la política de Integración Socio Urbana.
Las organizaciones concluyen con un llamado contundente: “Defender la SISU es defender lo público. Reducir equipos técnicos, despedir trabajadores y paralizar obras no es eficiencia. Es desmantelar la capacidad del Estado para garantizar derechos. Sin trabajadores no hay política pública. Sin Integración Socio Urbana no hay agua, no hay seguridad en la tenencia, no hay trabajo, no hay futuro.” Este es un llamado a la acción para proteger los derechos y la dignidad de millones de argentinos.