En el ajedrez de la economía mundial, las empresas buscan cada vez más lugares que les ofrezcan más que mercados y Uruguay se ha transformado en las últimas décadas en una sofisticada plataforma de negocios internacionales.
El hecho de mover una sede regional, establecer un centro de servicios compartidos o montar una operación logística en este país es una gran estrategia de optimización de costos y reducción de riesgos.
Uruguay, uno de los países más estables de la región, brinda un ambiente en el que la inversión extranjera es tratada igual que la nacional, sin limitaciones para repatriar utilidades y con libre mercado de cambios. Pero para hacer realidad estos beneficios, hay que conocer la arquitectura legal y contable que soporta este sistema.
El marco legal y la necesidad de un socio estratégico
La ley en Uruguay es fuerte y los contratos son realmente sagrados. La Ley de Inversiones y la normativa de Zonas Francas crean un ambiente favorable.
La dificultad de radicarse en una nueva jurisdicción exige asesoramiento que integre la perspectiva legal, contable y notarial. En esto la experiencia es un grado y firmas como Posadas, Posadas & Vecino fueron visionarias en comprender este movimiento y establecerse físicamente en los polos de desarrollo económico. Con esa mirada a futuro, fueron el primer estudio full-service en radicarse en Zonamérica en el año 2000, creando un área de negocios para dar soluciones creativas a clientes locales e internacionales.
Tener un equipo multidisciplinario que conozca la normativa local y las del comercio exterior es esencial para prevenir contingencias y acelerar los tiempos de puesta en marcha.
El tratamiento de zona franca como instrumento de competitividad
Uno de los mayores incentivos para la radicación de empresas en Uruguay es su régimen de zonas francas, uno de los más modernos y confiables de América Latina.
Desde el punto de vista contable-financiero, establecerse en dichos enclaves supone una eficiencia fiscal que se refleja en la última línea de la cuenta de resultados. Los usuarios de Zona Franca están exonerados de todo impuesto nacional, existente o futuro; en particular del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), Impuesto al Patrimonio y cualquier otro impuesto al consumo o a las ventas que se verifiquen en la zona.
Para una empresa multinacional, esto puede representar la oportunidad de centralizar en un solo lugar todas sus operaciones, desde la facturación y tesorería, hasta los servicios legales y desarrollo de software, todo con carga fiscal cero.
Por otro lado, una de las mayores ventajas de esta mudanza es que la entrada y salida de mercaderías hacia y desde la Zona Franca no está gravada con impuestos aduaneros. De esta forma, Uruguay se convierte en el centro de distribución logística más importante del Cono Sur.
La contabilización de estas operaciones requiere cuidado para poder hacerle seguimiento y cumplir con los requisitos que permiten estas exoneraciones. Esto hace énfasis en una gestión administrativa muy vigilante.
Zonamérica, un ecosistema de negocios
Si bien el marco tributario es el que inicia muchas inversiones, la infraestructura y el ambiente de negocios son los que aseguran la sostenibilidad en el tiempo.
En Zonamérica, el parque de negocios y tecnología representa la evolución del concepto de zona franca.
Al establecerse aquí, las empresas se integran en una comunidad empresarial activa en la que la colaboración y la sinergia son la norma. Para una empresa extranjera, llegar a un lugar con un ecosistema ya establecido disminuye radicalmente la curva de aprendizaje y los costos ocultos del establecimiento.
Las empresas pueden dedicarse a su negocio desde el día uno, sin tener que preocuparse por la complejidad operativa, pues, esta queda en manos del parque. Esto es posible gracias a las oficinas llave en mano, las bóvedas logísticas avanzadas y, claro, los centros de datos.
Desafíos contables y de capital humano
Mover operaciones significa mover gente. Uno de los puntos más delicados en cualquier proceso de relocalización es el de dar cumplimiento a la normativa laboral y de seguridad social uruguaya y gestionar la residencia fiscal de la empresa y sus directivos.
Uruguay ha alineado su normativa a los estándares internacionales de la OCDE, exigiendo a las empresas localizadas en zonas francas que prueben «sustancia» real. Esto implica que no pueden ser sociedades de papel; deben tener personal cualificado, oficinas físicas y toma de decisiones efectiva en el territorio.
Desde una perspectiva contable y de recursos humanos, esto crea ciertas implicaciones. La contratación de personal local, cualificado y en muchos casos bilingüe, implica conocer con exactitud las cargas sociales. Además, la captación de talento extranjero que atraen con facilidad regímenes permisivos de residencia legal y fiscal para expatriados complica la gestión de nómina y tributación individual.
Un asesoramiento completo debe abarcar la planificación fiscal de la empresa y de las personas físicas que la dirigirán. Una adecuada estructuración de estos elementos evita la doble tributación y garantiza que el traslado sea favorable tanto para la empresa como para su personal.