Este proceso judicial exige que se cumpla efectivamente el artículo 9 de la Ley 10.205 que establece la actualización automática del monto de las pensiones por invalidez, que debe alcanzar al 70% del haber jubilatorio mínimo vigente.
Nota al Pie se comunicó con Gabriela Troiano, ex Diputada Nacional y referente de la organización Asociación Azul, quien detalló cómo fue el proceso de la demanda. “Fuimos al IPS. Allí respondieron que no asumen su responsabilidad de cumplir con la Ley provincial 10.205 en su artículo 9. Responde a la jueza, quien da traslado a la Fiscalía de Estado y a la Defensoría del Pueblo de la provincia”explicó.
Y agregó: “La Defensoría expresa que esta situación viene sucediendo hace muchos años y que es momento de modificarla. Propone que se conforme una mesa de trabajo. La misma va a estar integrada por la fiscalía, el IPS, Asociación Azul y representantes de la Defensoría”.
Luego de esto, fue fijada una reunión prevista para el día de ayer, que fue postergada para dentro de un lapso de siete días a dos semanas.
VIEJOS Y NUEVOS PROBLEMAS
En este momento, a nivel provincial el monto de la pensión no contributiva por Invalidez es de entre 850 y 1200 pesos, ciifra que fue calificada como “irrisoria” por la ex diputada, y que “evidentemente requiere de una actualización urgente durante estos tiempos de crisis pandémica»-sostuvo.
Este reclamo se suma a viejas demandas en relación con las pensiones. “El que cobra la pensión provincial no puede cobrar la nacional. Si la persona quiere pedir el traspaso, tiene que renunciar a la provincial, y el tiempo que demoran en otorgar la pensión, en que evalúan tu situación de vulnerabilidad, es de entre 3 a 5 años”, señaló Troiano.
Estos procedimientos burocráticos terminan generando que las personas eviten el cambio de pensión, ya que esto conlleva tener que pasar una larga espera de manera desprotegida.
“La pensión también se pierde automáticamente si se consigue trabajo. Esto es un problema ya que no solo es difícil conseguirlo para las personas con discapacidad, sino mantenerlo”, explicó Gabriela Troiano.
INEFICIENCIA DEL ESTADO
Dada esta nueva coyuntura de consecuencias económicas y sociales devastadoras generadas por el COVID , sería lógico pensar que el Estado concentrara sus esfuerzos en los sectores más desprotegidos, como es el caso de las personas con discapacidad. Esto, según la ex diputada no sólo no sucedió, sino que, “en la pandemia lejos de acelerarse los trámites de las pensiones, se demoró todo mucho más. También hubo un retroceso en cuanto al acceso de las personas con discapacidad a la salud, las cuales ni siquiera están contempladas dentro del grupo de riesgo para que sean vacunadas”.
“La verdad es que en la pandemia ninguna de las autoridades estuvo a nivel de poder aplicar en manera transversal una política pública con mirada de discapacidad”, sentenció la activista de Asociación Azul.