El Gobierno nacional comenzó a difundir un extenso anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La propuesta contempla la modificación y derogación de decenas de leyes y cientos de artículos con el objetivo de reducir la intervención estatal, fomentar la competencia, simplificar trámites y acelerar la digitalización de distintos sectores de la economía.
El proyecto, que aún deberá ser debatido en el Congreso, está compuesto por más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y representa una de las reformas regulatorias más amplias impulsadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
¿Cuáles son los principales cambios que propone la reforma?
1. Corretaje con menos requisitos
La iniciativa flexibiliza el ejercicio de la actividad de corredor. Para desempeñarse en el sector solo será necesario ser mayor de edad y contar con el título secundario.
Además, se permitirá que la actividad sea ejercida tanto por personas humanas como jurídicas, incluyendo plataformas digitales y cualquier tipo de sociedad comercial.
También se prohíbe que futuras regulaciones establezcan:
- Requisitos de residencia.
- Incompatibilidades con otras profesiones.
- Aranceles mínimos o máximos.
- Honorarios obligatorios.
2. Nuevo esquema para el gas licuado
El proyecto elimina la regulación económica del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). La intervención estatal quedaría limitada exclusivamente a cuestiones vinculadas con la seguridad.
La autoridad de aplicación ya no podría fijar precios, cantidades comercializadas, márgenes de rentabilidad ni condiciones comerciales.
Como parte de la reforma, también se propone derogar la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector.
3. Cambios en libros y doblaje
La propuesta modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y elimina distintos organismos y mecanismos regulatorios.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Derogación de la Ley del Doblaje.
- Eliminación de la Ley de Precio Uniforme del Libro.
De aprobarse, la comercialización de publicaciones tendría mayor libertad para establecer precios.
4. Traducciones públicas con nuevas excepciones
El anteproyecto elimina la obligatoriedad general de recurrir a traductores públicos.
El Poder Ejecutivo solo podrá exigir traducciones al castellano en situaciones específicas, cuando existan razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales que así lo justifiquen.
5. Farmacias: digitalización y nuevas modalidades de venta
Uno de los capítulos más relevantes introduce modificaciones profundas en la Ley de Farmacias.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Venta online de medicamentos con receta.
- Entrega de medicamentos a domicilio.
- Comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
- Libertad para definir horarios de atención.
- Digitalización de recetas y registros.
Además, las droguerías podrán vender directamente al público si se constituyen como farmacias.
Agro: modificaciones para carne, vinos y contratos rurales
El proyecto también plantea importantes reformas para distintas actividades agroindustriales.
En el caso de la carne vacuna, las contribuciones obligatorias destinadas al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) dejarían de ser obligatorias a partir del 1 de octubre de 2027.
Por otra parte, se propone derogar las leyes que regulan los arrendamientos rurales y las aparcerías, aunque los contratos vigentes continuarán bajo el régimen actual hasta su vencimiento.
En el sector vitivinícola, la iniciativa incorpora prácticas internacionales, simplifica controles y modifica el sistema sancionatorio.
Además, propone la eliminación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuyos recursos remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Cabotaje: apertura para embarcaciones extranjeras
Otro de los puntos centrales del proyecto busca permitir que buques extranjeros realicen transporte de cabotaje dentro del territorio argentino.
Las exigencias respecto de la contratación de tripulación nacional serían graduales según el tiempo de permanencia de la embarcación en el país.
Asimismo, se eliminan restricciones para la importación de buques de hasta 20 años de antigüedad, se flexibilizan los requisitos de matrícula y se digitaliza la documentación marítima.
Mercados financieros y garantías digitales
El texto dedica un amplio capítulo a la modernización del sistema financiero.
Entre las principales novedades figuran:
- Reconocimiento legal de contratos inteligentes.
- Incorporación de tecnología blockchain.
- Creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.
- Prendas sobre activos virtuales y propiedad intelectual.
- Emisión digital de warrants.
- Validez plena de pagarés electrónicos.
- Mayor flexibilidad para la constitución de fideicomisos.
- Impulso a los activos digitales dentro del mercado de capitales.
La iniciativa también amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para supervisar estos nuevos instrumentos.
Leyes que serían derogadas
El anteproyecto propone eliminar por completo diversas normas históricas, entre ellas:
- Ley 26.020 (Gas Licuado de Petróleo).
- Ley 13.246 (Arrendamientos rurales).
- Ley 14.432 (Aparcerías rurales).
- Ley 25.849 (Creación de COVIAR).
- Ley 23.149 (Fraccionamiento de vinos en origen).
- Ley 23.316 (Ley de Doblaje).
- Ley 25.542 (Precio Uniforme del Libro).
- Diversas normas vinculadas con la marina mercante y sociedades de capitalización y ahorro.
Una reforma de amplio alcance
El proyecto de ley representa una nueva etapa en el programa de desregulación económica impulsado por el Gobierno nacional. A diferencia del DNU 70/23, esta iniciativa requiere tratamiento legislativo y propone modificar simultáneamente normas vinculadas con actividades profesionales, comercio, transporte, producción agropecuaria, cultura y sistema financiero.
En caso de obtener la aprobación del Congreso, la reforma podría significar una de las mayores transformaciones regulatorias de los últimos años, con foco en la apertura de mercados, la simplificación administrativa, la digitalización de procedimientos y una menor intervención estatal en distintos sectores económicos.