El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo para clausurar construcciones clandestinas en la Villa 31, en el barrio de Retiro, en el marco del Plan Integral de Ordenamiento Urbano, una iniciativa que busca frenar el crecimiento irregular del asentamiento y reforzar la presencia del Estado en la zona.
Las intervenciones estuvieron a cargo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), cuyos inspectores colocaron las correspondientes actas de clausura en las edificaciones alcanzadas por el operativo.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. «Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos», expresó.
Dónde se realizaron las clausuras
Las actas de infracción fueron labradas en inmuebles ubicados sobre calles linderas a la Autopista Illia y en sectores cercanos a la parroquia Cristo Obrero y al Paseo del Bajo.
Los procedimientos se desarrollaron en domicilios de Vicuña, Castillo, Chejolan y Perette, con la participación de personal de la AGC, la Dirección General de Fiscalización, la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras y efectivos de la Policía de la Ciudad.
Balance del plan de ordenamiento
Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, la Ciudad informó que ya fueron:
- Demolidas 10 construcciones clandestinas.
- Intervenidas 10 edificaciones ilegales.
- Clausurados 5 corralones clandestinos.
- Cerrados 5 locales de venta de celulares de origen ilegal.
- Clausuradas 3 metaleras y 3 depósitos de garrafas.
- Removidos y compactados 35 vehículos abandonados.
- Retirada una cantidad de chatarra equivalente a 40 camiones, además de carros utilizados como food trucks.
Según el Ejecutivo porteño, estas acciones forman parte de una estrategia destinada a recuperar el espacio público y combatir distintas actividades desarrolladas al margen de la normativa vigente.
Regular el crecimiento urbano
La administración porteña sostiene que el proceso de urbanización iniciado en 2016 no logró evitar el crecimiento desordenado de la Villa 31 ni alcanzar plenamente los objetivos establecidos por la Ley 6.129, vinculados al ordenamiento territorial.
Por ese motivo, el Gobierno decidió reforzar las tareas de fiscalización sobre nuevas construcciones, desalojar terrenos ocupados de manera irregular y aumentar los controles para evitar el avance de edificaciones no autorizadas.
Asimismo, las autoridades señalaron que en los últimos años se consolidó un circuito informal relacionado con la compraventa de inmuebles, la comercialización de espacios aéreos, los alquileres irregulares y la ocupación de terrenos, actividades que, según indicaron, funcionan fuera del marco legal.
Un plan con foco en el control urbano
El Plan Integral de Ordenamiento Urbano también contempla el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de espacios públicos y la fiscalización permanente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
De acuerdo con el Gobierno porteño, estas medidas buscan consolidar un modelo de integración urbana basado en el respeto de las mismas reglas, derechos y obligaciones para todos los vecinos de la Ciudad.