La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), y ATE Conicet convocaron a una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo para el próximo viernes 10 de abril, entre las 10 y las 17.
La iniciativa incluirá charlas, actividades abiertas y una feria de ciencias con el objetivo de visibilizar la crisis que atraviesan el sistema universitario y el sector científico.
La convocatoria se enmarca en un plan de lucha más amplio y coincide con el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Ciencia y la Tecnología.
Bajo la consigna de defensa de la universidad pública, los organizadores reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con una recomposición salarial urgente para docentes e investigadores.
Un fallo que no silencia las protestas
El reclamo cobra mayor fuerza tras el reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley 27.795 y actualizar salarios, becas y programas de investigación.
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, respaldó la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades.
En su resolución, los camaristas cuestionaron la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley mediante un decreto y remarcaron que no existe sustento jurídico para dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo del veto presidencial. Además, señalaron que el incumplimiento de la ley no solo no protege el interés público, sino que afecta directamente derechos fundamentales como enseñar y aprender.
El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso sancionó la norma para garantizar la actualización automática del presupuesto y los salarios del sector.
Aunque el veto del Ejecutivo fue rechazado por ambas cámaras, el Gobierno avanzó luego con su promulgación sin asignar los recursos necesarios para su implementación, lo que derivó en una disputa judicial que aún continúa.
En paralelo, desde las universidades advierten que el presupuesto vigente no contempla los fondos previstos por la ley.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), ya reclamó formalmente su cumplimiento y alertó sobre el impacto que la falta de financiamiento tiene en las funciones de docencia, investigación, salud y extensión.
Participantes: Docentes, investigadores, estudiantes y personal de Ciencia y Técnica (Conicet, CNEA).
Objetivos: Reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, exigir recomposición salarial y visibilizar la situación presupuestaria.
Actividades: Clases abiertas, charlas y stands interactivos.
Contacto para participar: Los docentes pueden registrar sus actividades a través del correo uba.agd@gmail.com
En ese contexto, la jornada del viernes buscará trasladar el conflicto al espacio público. Según difundieron desde AGD-UBA y ATE Conicet, docentes, investigadores y estudiantes podrán participar con clases abiertas y actividades propias, para lo cual se habilitó una instancia de inscripción previa.
A la convocatoria se sumarán también las Familias Autoconvocadas del Colegio Nacional de Buenos Aires, que decidieron acompañar la protesta en medio de la crítica situación que atraviesan los colegios preuniversitarios. Denuncian que miles de estudiantes se encuentran con clases interrumpidas desde el inicio del ciclo lectivo debido a medidas de fuerza vinculadas al incumplimiento de la ley.
Según expresaron, el conflicto está directamente relacionado con la falta de pago de alrededor del 50% de los salarios adeudados desde hace más de seis meses. En ese sentido, advierten que la situación vulnera tanto los derechos laborales de los trabajadores como el acceso a la educación de estudiantes de entre 12 y 18 años.
“La situación se vuelve insostenible”, señalaron desde el colectivo de familias, que también anticiparon que continuarán impulsando acciones para visibilizar el conflicto y sumar a la comunidad educativa.
La jornada del 10 de abril combinará así protesta, clases y divulgación científica en pleno centro político del país, en una escena que refleja la profundidad del conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. El respaldo judicial a la ley, lejos de cerrar la disputa, suma un nuevo capítulo a una tensión que sigue en escalada.