La Justicia Contencioso Administrativa Federal rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscaba suspender la aplicación de artículos de la reforma laboral sancionada recientemente por el Congreso.
La acción judicial fue presentada por la central obrera contra el Estado nacional con el objetivo de que se declare la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial.
Esos artículos incorporan el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde el ámbito nacional hacia la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
La CGT contra la Reforma Laboral
En el amparo, la CGT solicitó una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de la norma hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.
Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 resolvió rechazar la cautelar al considerar que «se trata de una medida de carácter excepcional que alteraría el estado jurídico vigente» y que, en los hechos, implicaría adelantar el resultado del litigio.
El magistrado sostuvo que las medidas cautelares no pueden coincidir con el objeto principal de la demanda, ya que ello equivaldría a conceder de manera anticipada lo que deberá resolverse en la sentencia definitiva.
Asimismo, el fallo indicó que en esta etapa del proceso no se verificó la existencia del llamado “peligro en la demora”, uno de los requisitos necesarios para habilitar este tipo de medidas. Según el juzgado, los elementos aportados por la parte actora no resultan suficientes para justificar una intervención cautelar.
En ese sentido, el tribunal consideró que no se acredita la existencia de un perjuicio irreparable que pudiera tornar inútil una eventual sentencia favorable a la CGT en el futuro.
Pese al rechazo de la cautelar, la causa judicial continúa su trámite. En la misma resolución, el juzgado ordenó correr traslado al Estado Nacional para que en el plazo de cinco días presente el informe previsto en la Ley de Amparo y ofrezca las pruebas correspondientes.
De esta manera, el proceso judicial seguirá su curso mientras se analiza el planteo de fondo de la central sindical contra la reforma laboral y el convenio de transferencia de competencias en materia de justicia del trabajo.