El acuerdo se enmarca en el Decreto 95/2026, a través del cual el presidente Javier Milei facultó expresamente a Adorni para negociar y suscribir el traspaso. El objetivo es resolver un conflicto estructural de larga data y, al mismo tiempo, enviar una clara señal política en medio del debate sobre la modernización de las relaciones laborales en Argentina.
Los términos del acuerdo
El documento, denominado “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, establece que la Ciudad de Buenos Aires asumirá la competencia plena sobre los conflictos individuales del trabajo. No obstante, se ha trazado una línea divisoria precisa: las disputas colectivas, las negociaciones paritarias y las cuestiones regidas por la Ley de Asociaciones Sindicales permanecerán bajo la jurisdicción de la Justicia Federal.
Uno de los puntos más relevantes del convenio es la Cláusula Novena, que contempla el cierre inmediato de los juzgados del trabajo y la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que actualmente se encuentren vacantes. Según se detalla en el Anexo I del acuerdo, esta medida implicará la disolución de aproximadamente una treintena de juzgados nacionales, entre los que se cuentan los N° 2, 5, 7 y 9.
El proceso de transición de la Justicia Laboral
Para garantizar una transición fluida y evitar el colapso del sistema, se ha diseñado un esquema de corte definido:
•Causas en trámite: La Justicia Nacional del Trabajo continuará gestionando hasta su conclusión todas las causas iniciadas antes de la implementación del nuevo fuero local.
•Nuevas demandas: Una vez transcurrido el plazo de 180 días desde la entrada en vigencia del acuerdo (o cuando la Ciudad así lo notifique), todas las nuevas demandas laborales deberán radicarse exclusivamente en el nuevo Fuero del Trabajo de la CABA.
Adicionalmente, ambas jurisdicciones han pactado una cláusula de indemnidad mutua para protegerse frente a posibles reclamos derivados del ejercicio de sus respectivas competencias.
El filtro del Congreso y la resistencia gremial
La efectividad del traspaso no es inmediata. La Cláusula Décima del acuerdo supedita su entrada en vigencia a la aprobación tanto del Honorable Congreso de la Nación como de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Este requisito anticipa un complejo debate político.
El oficialismo ha subrayado que “no hay traspaso sin ley del Congreso”, reconociendo la necesidad del aval legislativo. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), presidida por Andrés Fabián Basso, ha expresado su rechazo, advirtiendo sobre los riesgos que la medida podría suponer para la independencia judicial y la integridad del fuero. En este contexto, se han producido reuniones con legisladores, como la senadora Patricia Bullrich, en un intento por frenar el avance del proyecto.
Por su parte, el Gobierno porteño se comprometió a iniciar de manera inmediata los concursos públicos para cubrir los cargos de jueces y fiscales de su nuevo fuero laboral, con el objetivo de asegurar su plena operatividad en el plazo estipulado de seis meses.
Con este acuerdo, la administración de Milei busca no solo redefinir el rol del Estado nacional en la administración de justicia, sino también cerrar una disputa histórica. La palabra final, sin embargo, la tendrá el Parlamento.