La decisión, adoptada por el Gobierno nacional, se enmarca en la política de reducción de subsidios y consolida una secuencia de incrementos que, mes a mes, va erosionando el poder adquisitivo de los sectores populares.
El impacto no es menor: el gas, un servicio esencial incluso en los meses de menor consumo, sufrirá el salto más pronunciado. El ajuste combina varios factores técnicos, la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización automática por inflación mayorista y minorista, el nuevo esquema de subsidios SEF y la aplicación de un precio de gas unificado durante todo el año, que en la práctica, se traducen en facturas más caras para millones de familias.
Desde el oficialismo sostienen que el aumento de febrero permitirá “dar previsibilidad” a los usuarios y evitar picos de tarifas durante el invierno. Sin embargo, ese argumento choca con una realidad social marcada por salarios que no logran recomponerse al ritmo de la inflación y por un consumo cada vez más restringido, incluso en servicios básicos. La previsibilidad, para vastos sectores, no es otra cosa que la certeza de pagar más con ingresos que alcanzan menos.
Según datos de la Secretaría de Energía, la categoría residencial más numerosa —R1, que concentra el 42% de los usuarios— enfrentará subas de hasta 3.000 pesos, mientras que uno de cada cinco usuarios tendrá incrementos menores a 1.000 pesos. No obstante, el detalle técnico de los cuadros tarifarios no logra ocultar el trasfondo: el ajuste se suma a una larga lista de aumentos acumulados en transporte, alimentos y alquileres, configurando una presión constante sobre los ingresos fijos.
- – Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria
- – Aumento mensual por fórmula (IPIM + IPC) para que las tarifas no pierdan valor
- – Aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF
- – Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo de gas.
Para el 70% de los usuarios residenciales de gas, los incrementos oscilarán entre 960 y 6.400 pesos promedio. En tanto, el 30% restante, correspondiente a mayores niveles de consumo, afrontará subas que van de los 2.900 a los 11.300 pesos. En un contexto de recesión y caída del consumo, estos números refuerzan una sensación extendida: el peso del ajuste vuelve a recaer sobre los hogares.
Así, el tarifazo de febrero no aparece como un hecho aislado sino como parte de una estrategia más amplia de recomposición de precios relativos que, sin una política de ingresos que la acompañe, profundiza la desigualdad.
Mientras el Gobierno habla de «ordenamiento y racionalidad económica«, en la vida cotidiana el ajuste se traduce en facturas impagables, decisiones forzadas y un nuevo retroceso en la calidad de vida de millones de argentinos.