El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la transformación de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) en una Sociedad Anónima Unipersonal (Sbasau), en el marco de la adecuación de las empresas públicas a la normativa nacional vigente. La medida quedó formalizada a través del Decreto 20/2026, publicado en el Boletín Oficial porteño.
Según informó el Ejecutivo porteño, el cambio de figura jurídica no implica la privatización de la compañía ni una modificación en su control accionario, ya que el 100% del capital social continuará en manos del Gobierno de la Ciudad. La reconversión responde a la derogación de la Ley de Sociedades del Estado (20.705) dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que eliminó esa forma legal y estableció que las entidades con participación estatal deben constituirse como sociedades anónimas.
Qué cambia en la gestión del Subte
Hasta ahora, Sbase funcionaba bajo un régimen de derecho público específico. Con la transformación, la empresa pasará a regirse por la Ley General de Sociedades (19.550), es decir, por normas de derecho privado, aunque manteniendo su carácter de empresa estatal. Desde el Gobierno porteño señalaron que el objetivo es armonizar su funcionamiento con el nuevo marco legal y facilitar la gestión corporativa.
La nueva sociedad conservará su misión central de administrar, desarrollar y regular el sistema de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro. La operación del servicio continuará concesionada a la empresa Emova, mientras que Sbasau seguirá a cargo de la planificación, regulación y ejecución de obras de infraestructura vinculadas a la red.
El capital social fue fijado en más de 1,18 billones de pesos, representado por acciones nominativas ordinarias, con la posibilidad de ampliarlo hasta cinco veces ese monto mediante escritura pública. Si bien la incorporación de capital accionario reavivó especulaciones sobre una eventual apertura al mercado o una futura venta de acciones, desde el Ejecutivo porteño aclararon que no existen planes inmediatos en ese sentido y que cualquier cambio requeriría la aprobación de la Legislatura.
La decisión se da en un contexto de fuertes desafíos para el transporte público, atravesado por problemas de financiamiento, modernización y expansión de la red. Entre los proyectos en curso se destaca la Línea F, actualmente en distintas etapas de planificación y licitación.
Mientras el Gobierno sostiene que la nueva estructura jurídica permitirá mayor flexibilidad para contratar y financiar inversiones, sectores críticos advierten sobre los riesgos de introducir cambios estructurales en la administración de un servicio esencial que utilizan más de un millón de personas por día.