
El bloque Provincias Unidas de la Cámara de Diputados presentó un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A su vez, la oposición presiona por la conformación de las comisiones Bicamerales para que actúe el Congreso.
El recurso fue presentado por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón, quienes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del DNU 941/2025 con su nulidad absoluta e insanable.
Además, peticionaron una medida cautelar “para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento”, resumió Ferraro a través de X.
Como principales puntos de alerta, el DNU habilita la aprehensión de personas sumado a la posibilidad de recibir asistencia incluso de las Fuerzas Armadas. Además, todas las actividades de la SIDE pasarán a ser “encubiertas”.
En consecuencia, los diputados advierten que de aprobarse el DNU “estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso, cuando así convenga al organismo o, así lo decidan las autoridades del momento”.
En las argumentaciones, detallan que el Decreto resulta violatorio de los Artículos 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina, y de los Artículos 28 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la legislación aplicable por disposición del Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Atento a ello, explican la violación al artículo 99 inciso 3, a partir la inexistencia de fundamentos para tal DNU: “No se involucran razones de urgencia alguna”, y que además se “vulneró la limitación de incluir materias penales”, atento a lo relacionado con la aprehensión de personas.

Los peligros del DNU de Milei y el pedido por las comisiones Bicamerales
El amparo contra el DNU del gobierno nacional busca ponerle un freno a las ambiciones de Javier Milei respecto al alcance que buscar darle a la SIDE.
El bloque Provincias Unidas, además de presentar las violaciones del DNU a distintos artículos de la Constitución Nacional alertó sobre los peligros de derivar hacia un “Estado policial”.
Respecto al apartado que permite la aprehensión de personas, sostienen que se “constituye una desviación de poder y un abuso de derecho público, violatorio del principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y la doctrina nacional e internacional aplicable en la materia”.
A su vez, señalan que aglutinar todas las áreas de seguridad interior e inteligencia estratégica en un único organismo supone el riesgo de que “se aplique inteligencia de guerra o de seguridad interior contra los propios ciudadanos”.
De este modo, sintetizaron que las consecuencias pueden derivar en darle “tratamiento de ‘enemigo externo’ a grupos internos, ciudadanos que demanden satisfacción de reclamos, periodistas que investiguen, políticos opositores, etc”.
En ese sentido, concluyeron: “Dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado argentino, que a una cuestión de seguridad interior, es la antesala inmediata a la existencia de un ‘Estado policial’”.

El pedido por la conformación de las comisiones Bicamerales
En lo que respecta al Congreso, la oposición busca que se conforme la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, cuya exigencia recayó para Martín Menem y Victoria Villarruel, titulares de Diputados y del Senado, respectivamente.
La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros mientras que la restante lo hace de 16, en ambos casos, cada cámara aporta la mitad de los legisladores. De este modo, el objetivo de la oposición pasa por voltear el DNU que nutre a la SIDE de un sinfín de facultades.
El pedido abarca múltiples espacios, con un texto que suscriben legisladores de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal: “Rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional”.
Y concluyen: “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”.
Por su parte, el PRO acompañó el DNU pero avisaron que resulta “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empañamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas”.

