Pese a tratarse de una de las reformas más sensibles para el futuro del trabajo en la Argentina, el proceso continúa transitando por carriles de opacidad. Hasta el momento, no se conocen los contenidos ni los lineamientos centrales del proyecto, más allá de filtraciones desmentidas y borradores que circularon sin validación oficial. El Gobierno mantiene un manejo hermético de la información y ha ordenado a sus legisladores no discutir en público ningún aspecto de la iniciativa.
Un organismo “consultor” cuya producción tendrá sello oficialista
Tras el encuentro en Casa Rosada, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, afirmó que el Consejo de Mayo ya acordó la “estructura” de las reformas y que resta discutir “lo fino”. Dejó en claro, además, que las conclusiones finales llevarán una impronta del oficialismo, pese a la participación multipartidaria del espacio.
“Somos un organismo consultor… Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100%, pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”, señaló. Sin embargo, esa participación diversa contrasta con el hecho de que ningún documento preliminar haya sido puesto a disposición de la ciudadanía, ni siquiera para un debate público básico.
Resistencias sindicales y conversaciones reservadas
La reforma laboral volvió a ser el eje de tensión. El líder de la UOCRA y representante de la CGT en el Consejo, Gerardo Martínez, reiteró la postura sindical: “No vamos a aceptar una reforma que implique pérdida de derechos”. Tras la reunión, mantuvo un encuentro privado con el asesor presidencial Santiago Caputo, en un gesto que confirma que buena parte de la discusión se está dando fuera del escrutinio ciudadano.
En paralelo, la Casa Rosada negó nuevamente la validez de los borradores que circularon semanas atrás sobre cambios en las normativas laborales y educativas. Pero tampoco dio explicaciones sobre el contenido real o los alcances del proyecto final.
Reforma laboral sin debate público
Según trascendió este miércoles, el informe final excluirá dos puntos anunciados inicialmente en el Pacto de Mayo: la reforma previsional y la rediscusión de la coparticipación federal. Pese a esa modificación de agenda, tampoco se comunicaron argumentos ni criterios oficiales sobre estos cambios.
El Gobierno prevé enviar primero la reforma laboral —que ingresará por el Senado—, seguida por una reforma tributaria y otra del Código Penal. También se incluirán en el temario el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal y una modificación de la Ley de Glaciares, otro tema de fuerte impacto ambiental que hasta ahora carece de explicaciones públicas.
«Martínez ingresó a la Rosada con una pequeña expectativa de abrir un diálogo con el Gobierno, pero se llevó una nueva decepción. Apenas pudo dejar sentado el desacuerdo de la CGT con los puntos del proyecto que enumeró el funcionario que actuó de vocero: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quizás el hombre del oficialismo más antipático para los gremios. Toda una señal». La larga cita de la crónica de Ámbito es toda una definición del encuentro.
Una mesa reducida para un debate de espaldas al pueblo
La reunión fue la primera presidida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Consejo de Mayo también está integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Pese a la diversidad formal de la mesa, el proceso avanza sin instancias públicas de consulta, sin documentos publicados y sin un debate transparente sobre reformas que modificarán derechos laborales, impuestos y normas penales. Con el anuncio del 9 de diciembre, el Gobierno acelera el calendario legislativo, pero mantiene una constante: la sociedad sigue sin conocer el contenido del paquete de reformas que impactará en su vida cotidiana.