El encuentro reunió a las comisiones de Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Presupuesto, encabezadas por sus respectivos presidentes: Inés Parry, Gimena Villafruela, Paola Michelotto, Matías Barroetaveña y Hernán Reyes.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, destacó el alcance institucional de la iniciativa. “Este dictamen es un paso fundamental para consolidar la autonomía penal de la Ciudad y construir un sistema penitenciario moderno, profesional y que promueva la reintegración social y disminuya la tasa de reincidencia”, señaló.
El proyecto complementa el dictamen emitido la semana pasada sobre la Ley de Ejecución de la Pena y forma parte del diseño del primer sistema penitenciario propio de la Ciudad, un objetivo que se enmarca en la transferencia de competencias penales desde la Nación.
De acuerdo con el texto que se pondrá a consideración del pleno, la iniciativa busca garantizar un modelo de custodia segura y promover políticas actualizadas de tratamiento, reinserción social y reducción de la reincidencia, al tiempo que propone profesionalizar al personal penitenciario mediante mejores condiciones laborales y mecanismos de control interno y externo.
Uno de los ejes centrales del proyecto que se debate en la Legislatura es la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil desconcentrado dependiente del Ministerio de Justicia porteño, que funcionará bajo principios de legalidad, seguridad, respeto a los derechos humanos, ética pública y transparencia. Este organismo se dividirá en dos cuerpos:
- Cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada dedicada a la seguridad, prevención, protección y custodia.
- Cuerpo de Agentes de Reintegración Social, integrado por personal profesional, técnico y administrativo especializado en tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y acompañamiento en el Plan de Vida de las personas privadas de libertad.
El proyecto también incorpora dos órganos de control desconcentrados del Ministerio de Justicia: una Oficina de Transparencia y Control Externo, que implementará políticas de prevención de la corrupción, y una Defensoría del Personal, destinada a garantizar los derechos humanos y las garantías laborales de quienes integren la Agencia, con autonomía funcional.
Finalmente, se prevé la creación de una Comisión Especial de Seguimiento en la Legislatura, integrada por los presidentes de las comisiones que participaron en el dictamen, para monitorear la implementación del nuevo esquema penitenciario.