“Tengo la felicidad de anunciar que, en la licitación de la hidrovía, vamos a incluir el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies, lo que va a mejorar la profundidad actual, que está limitada a 25 pies”. Así se refería el presidente Javier Milei junto al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, en su aviso del 4 de octubre.
Hablaba sobre el dragado de nuevos tramos del Río Paraná en Entre Ríos, que se suman al proceso de licitación de la hidrovía. “Esto será realizado por el sector privado y no por el Estado, y va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables por navíos grandes, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona”, agregaba el primer mandatario.
Pero, ¿existen beneficios para el pueblo ribereño ante estos cambios? ¿O sólo son buenas noticias para el sector empresarial? ¿Qué sucederá con los humedales que componen el Río Paraná y que constituyen el escenario de vida de miles de argentines, con su correspondiente flora y fauna?
Para alertar por la devastación ambiental que podrían generar estas modificaciones sobre el curso de agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial convoca a la ciudadanía a participar de la audiencia pública a la que llamó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el próximo 3 de noviembre.
¿Qué pretende hacer el gobierno nacional en el Río Paraná?
El Decreto N° 709 que el Ministerio de Economía nacional expidió el 8 de agosto de 2024, llama a “Licitación Pública Nacional e Internacional” para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”.
Se refiere al tramo que comprende “entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.
En definitiva, es un proyecto que busca la circulación de buques de ultramar por el Río Paraná. Para ello se debe hacer más ancho y profundo el canal de navegación. El dragado actual del curso de agua tiene una profundidad de 34 pies, y un ancho que (aunque puede variar según la zona), en algunos lugares es de 90 metros.
El proyecto propone profundizar el canal del río hasta 44 pies (42 pies de calado más 2 metros de seguridad), y aumentar el ancho del canal, lo que multiplicaría la cantidad de material a extraer del lecho del río.
Si bien la licitación cayó en febrero, el gobierno nacional continuó trabajando en el tema. Es en ese marco que a principios de este mes anunció la inclusión del dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies en el pliego de licitación.
“Durante los últimos 30 años, la provincia de Entre Ríos vio cómo se desarrollaron los puertos de Santa Fe y Buenos Aires sin poder compartir ese progreso y quedando relegada competitivamente. Ahora, debido a esta gran obra de infraestructura, podrán aumentar su actividad comercial, reducir los costos logísticos para el agro y aumentar la productividad del sector de la región”, justificó Javier Milei.
Las consecuencias negativas del dragado sobre el ambiente
Más allá de los beneficios que el gobierno promete al sector privado sobre la profundización en el canal del río, existe una gran cantidad de impactos negativos en el ecosistema.
Desde la Fundación Enlaces advirtieron algunos de ellos. Por una parte, calcularon que el dragado implicaría remover un volumen del orden de “160.000.000 m3 de lecho del río”. “La mayor parte de estos lodos se los llevará el río, generando taponamiento de riachos y arroyos. Los que sean retirados, deberían disponerse como residuos peligrosos en el marco de la Ley 24051”, mencionaron.
A su vez, compartieron artículos científicos que encontraron importantes concentraciones de glifosato y AMPA en el lecho del río. Así, alertaron que al removerlos, a esos sedimentos se los llevará la corriente y muchas ciudades aguas abajo usarán ese líquido para consumo humano (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
También, explicaron que al ampliar el canal en casi un 40%, las aguas bajarán mucho más rápido hacia el Río de la Plata de lo que lo hacen ahora. Esto traería aparejada la reducción de “la capacidad natural de recargar los humedales aledaños durante los ciclos de crecidas en las temporadas de lluvias, con la deshidratación y muerte de los humedales y su biodiversidad”. A su vez, significaría “la reducción de la capacidad de recarga de los acuíferos subterráneos”.
“Todo esto debería formar parte de las conclusiones de estudios ambientales exhaustivos que deben hacerse para empezar a hablar de aumentar la draga”, denunciaron. “Cosa que no se hizo en la concesión a ciegas que se entregó en la privatización de los años ’90, ni ahora antes de lanzar la presente licitación”.
Llamado a participar en la audiencia pública
Ante esta realidad, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial convoca a la comunidad a la lucha activa. En particular, llama a participar de la Audiencia Pública que realizará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), para evaluar el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la presente licitación.
La misma se desarrollará el 3 de noviembre de 2025 a partir de las 9 am de manera virtual. Es abierta al público, quienes deseen anotarse deberán hacerlo antes de la medianoche del viernes 31 de octubre, en esta página web.
Pero desde dicha asociación también denunciaron penalmente a ANPyN por la audiencia convocada; por no contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, con la intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y no garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva.
“El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de “gestión ambiental” sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa”, manifestaron.
“Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión”, agregaron.
Les defensores ambientales de la región advierten por otros efectos negativos que podrían aparecer con el dragado del río. Entre ellos, nombran a la pérdida de soberanía nacional y la “vía libre” para el narcotráfico con la proliferación de puertos privados.
Por eso, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas aseguraron: “Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo”.