
El 3 de octubre, el diputado por Entre Ríos Atilio Benedetti presentó un proyecto de ley que podría significar un retroceso en la lucha contra los agrotóxicos. Se titula “Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la aplicación de Productos Fitosanitarios”, y ya comenzó a tratarse en la Cámara Baja de la Nación.
La Red de Pueblos Fumigados bautizó al escrito como “Proyecto del Veneno”, ya que busca establecer distancias mínimas de aplicación de agroquímicos que podrían significar pulverizaciones a 10 metros de zonas habitadas mediante fumigaciones terrestres y con drones, y a 45 metros con aplicaciones aéreas.
Benedetti preside la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados nacional. Este martes 14 de octubre, la comisión junto a la de Recursos Naturales, abrieron una sesión informativa sobre el proyecto de ley.
En sus redes sociales, la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados afirmó que esta iniciativa propone medidas “absolutamente regresivas para la salud y el ambiente”. A su vez, exigió audiencias públicas, foros y debate real antes de continuar el tratamiento del tema.
¿Qué establece el proyecto?
Atilio Benedetti presentó una Declaración de Interés para el «Encuentro Federal Camino a la COP30», que realizó la Alianza Verde Argentina (AVA), el 8 y 9 de octubre del corriente año en Paraná, Entre Ríos. Lo hizo el 7 de este mismo mes, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Con ese prospecto, pareciera mentira que solo unos días antes hubiera propuesto en el mismo organismo, un proyecto que múltiples organizaciones ambientalistas del país consideran una amenaza.
En “Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la aplicación de Productos Fitosanitarios” busca justamente establecer estas medidas “en todo el territorio nacional, a través de la implementación de buenas prácticas de aplicación que compatibilicen las actividades productivas con la protección de la salud de las personas y el ambiente”.
Define a los productos fitosanitarios como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias naturales y/o de síntesis, inscriptas en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal del SENASA, destinadas a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o almacenamiento de los vegetales y sus productos”.
Así, plantea como alguno de sus objetivos “resguardar la salud de las personas que estén directa e indirectamente relacionadas, o no, con las actividades agropecuarias que empleen productos fitosanitarios”. También, “mantener el equilibrio entre el ambiente y la actividad humana mediante producciones sostenibles que permitan satisfacer las necesidades presentes y futuras”.
Pero, ¿de qué manera pretende hacerlo? En su artículo 9 determina el alcance de la zona de exclusión, la cual se extenderá desde el límite exterior de la zona sensible hacia la zona productiva. Para las aplicaciones terrestres o con drones plantea una distancia mínima de 10 metros, mientras que para las aéreas el margen es de 45 metros.
Un retroceso en la lucha
Desde la Red de Pueblos Fumigados aseguraron que el proyecto ya cuenta con la firma de otros 30 legisladores. Manifestaron que la propuesta va “a contramano de lo que señala la ciencia sin conflicto de intereses”, que expone “la urgencia de disminuir el uso de plaguicidas y de alejarlos de cuerpos y territorios“.
En tanto, un colectivo de abogades de Pueblos Fumigados de distintas provincias, presentó una solicitud formal en la tarde de este martes a las presidencias de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. En ella solicitan que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Aplicación de Fitosanitarios.
Además, requieren publicidad amplia en dos diarios de mayor circulación, la definición de requisitos y modalidades de participación, la asignación de un ámbito físico y la realización conjunta de ambas comisiones.
Apelan que el “Proyecto del Veneno» incide directamente en derechos constitucionales (art. 41 CN) y en bienes colectivos (salud, agua, ambiente), por lo que la decisión legislativa debe incorporar participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente. También cuestionan la gestación del proyecto en conjunto con la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), “que nuclea cámaras y empresas del agronegocio”. Así, advierten una situación atípica de autorregulación sectorial.
Por último, presentan un bloque de precedentes penales y contenciosos que sirven como jurisprudencia. Entre ellos nombraron al caso “Rosso”, donde en Entre Ríos, la justicia ordenó las aplicaciones de productos fitosanitarios a 1.095 metros terrestres y 3.000 metros aéreos.
“Pedimos a quienes deben legislar para la gente, que no avancen en una ley que lejos de ordenar el tema, sólo agravará la tremenda tragedia ecosocial sanitaria que padece Argentina“, concluyó la Red de Pueblos Fumigados en sus redes sociales.