En la tarde del viernes entró en vigor un alto el fuego pautado en Gaza tras un acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por Egipto y respaldado por Estados Unidos. En los primeros pasos del pacto, Hamás liberará a 20 rehenes israelíes con vida, mientras Israel excarcelará casi 2.000 presos palestinos (250 con cadenas perpetuas y 1.700 detenidos tras el conflicto de octubre de 2023).
Simultáneamente, las tropas israelíes comenzaron un repliegue parcial hacia lo que se denomina la “línea amarilla” en Gaza, cediendo terreno urbano en el norte del enclave. Bajo este marco, se espera que hasta 600 camiones de ayuda humanitaria por día ingresen al territorio, con alimentos, medicinas, combustible y suministros para la reconstrucción y atención de los damnificados.
Miles de desplazados empezaron ya el regreso hacia sus barrios en Gaza, que en muchos casos quedaron reducidos a escombros tras bombardeos y combates intensos. Sin embargo, los equipos de rescate recuperaron hasta ahora más de 150 cadáveres entre los restos de edificios en las primeras 24 horas del cese de fuego.
Límites, omisiones y resistencias
Pese al tono esperanzador del acuerdo, existen importantes restricciones y exclusiones que alimentan la desconfianza. Israel dejó fuera del canje a figuras como Marwan Barghouti, considerado por muchos palestinos como un dirigente clave para unificarlos políticamente. Además, los presos liberados no incluyen a aquellos acusados de ataques graves o vínculos directos con eventos del 7 de octubre, lo que limita el alcance simbólico del pacto.
Por su parte, Hamás y otras facciones palestinas rechazaron categóricamente cualquier forma de tutelaje externo o supervisión foránea para Gaza, aunque no descartan colaborar con actores internacionales en la reconstrucción. Esta negativa choca con algunas propuestas trazadas en el plan de paz que contempla una entidad de transición multilateral para gobernar Gaza mientras se estabiliza la situación.
El acuerdo queda además condicionado a que Hamás acepte desarmarse, una cláusula que el movimiento rechaza de plano, y Israel advierte que retomará las operaciones si eso no ocurre.
Otro punto crítico: el ingreso humanitario aún no despuntó como se prometió. Aunque Israel autorizó la entrada de hasta 600 camiones por día, las primeras jornadas muestran demoras, controles rigurosos y obstáculos logísticos que impiden un flujo inmediato de asistencia en medio de crisis de abastecimiento extremo.
¿Paz o tregua con reticencias?
Este alto el fuego supone la primera fase de un plan de paz más amplio, respaldado por la propuesta de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye desarme, supervisión internacional y eventual reconstrucción del enclave. No obstante, las diferencias sobre el futuro gobierno de Gaza, la autonomía de Hamás y la distribución del poder político y militar siguen siendo profundas.
La historia reciente impone cautela. En anteriores treguas, compromisos similares se incumplieron: liberaciones parciales, reanudación de ataques, bloqueos prolongados y una reconstrucción nunca cumplida. Aunque el alto el fuego puede ofrecer un breve alivio, la pregunta crucial es si esta vez habrá mecanismos efectivos de supervisión, garantía de no repetición y un camino concreto hacia una solución política.
Mientras tanto, la población palestina que retorna lo hace a un paisaje devastado, con hospitales colapsados, viviendas destruidas y miles de desaparecidos aún bajo los escombros. Ni la liberación de prisioneros ni las promesas de ayuda alcanzan para reparar el daño material ni el trauma colectivo. En ese limbo, la tregua puede ser un respiro, pero difícilmente el fin de un conflicto que sigue vivo en cada frontera, cada casa demolida y cada herida sin cerrar.