
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció penalmente a dirigentes sindicales y referentes de derechos humanos tras la colocación de una baldosa en homenaje a trabajadores desaparecidos durante la última dictadura militar.
El hecho ocurrió el martes 7 de octubre frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Leandro N. Alem 650, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El acto fue impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el colectivo Barrios x Memoria y Justicia, en el marco de una iniciativa que busca mantener viva la memoria de los empleados públicos detenidos-desaparecidos. Sin embargo, la intervención derivó en una denuncia por “daño, daño agravado y desobediencia”.
La denuncia y los acusados
Según informó el Ministerio, el hecho implicó la rotura de baldosas originales del edificio y la colocación no autorizada de una placa con la inscripción “Barrios x Memoria y Justicia”.
“El imputado es el señor Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, y los damnificados son el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Trabajo de la Nación”, indicó el comunicado oficial.
El caso fue derivado a la Unidad de Flagrancia Este, bajo la órbita de la jueza Laura Frecedo, y quedó registrado bajo el sumario policial n.º 430/2025.
La denuncia también menciona la participación de los exministros de Trabajo Carlos Tomada y Kelly Olmos, además de la legisladora porteña Victoria Montenegro, quienes acompañaron la colocación de la baldosa conmemorativa junto a integrantes de la Intersindical de Derechos Humanos, CGT, CTA, Sutepa y Satsaid.
La respuesta de ATE: “El Gobierno quiere borrar la memoria”
En respuesta a la denuncia, Daniel Catalano cuestionó la decisión del Ejecutivo y apuntó directamente contra Pettovello.
“Mientras la mitad del país no puede poner un plato de comida en la mesa, el Gobierno sí que está en lo importante: abrir un sumario policial por colocar baldosas en homenaje a los desaparecidos. Hay que tener la cara de piedra”, expresó el dirigente.
Catalano sostuvo que el acto se enmarca en una tradición de homenaje a los trabajadores desaparecidos y denunció una política de hostigamiento a la memoria y los derechos humanos.
“Este Gobierno, que desprecia la historia y los derechos humanos, tiene sus prioridades: borrar la memoria y que la banda siga tocando”, agregó.
Repercusiones y contexto
Desde el Ministerio de Capital Humano se justificó la denuncia bajo el argumento de preservar “el orden público y el respeto por los procedimientos legales” en edificios oficiales. Según el comunicado, la intervención se realizó “sin autorización previa”, motivo por el cual se inició la acción judicial.
El hecho generó rechazo en organizaciones de derechos humanos y sindicatos, que calificaron la denuncia como un intento de criminalizar la memoria.
En tanto, sectores afines al Gobierno defendieron la decisión y remarcaron que “no se puede vulnerar el patrimonio público con fines políticos”.
El conflicto se inscribe en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo y los gremios estatales, a raíz de los recortes, despidos y conflictos por la gestión del Ministerio de Capital Humano.
Una disputa entre memoria y poder
La colocación de baldosas en espacios públicos es una práctica que se realiza desde hace años en distintos puntos del país, impulsada por Barrios x Memoria y Justicia, con apoyo de sindicatos y organismos de derechos humanos. Cada una recuerda a personas detenidas-desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
En este caso, la baldosa homenajeaba a V. Paulón, trabajador estatal y militante sindical. Sin embargo, el gesto conmemorativo terminó derivando en una causa judicial que reaviva el debate sobre memoria, derechos humanos y libertad de expresión en el espacio público.