En la antesala al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional advirtió sobre el alarmante aumento de las barreras que enfrentan las personas en Argentina para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Al respecto, la organización detalló que en lo que va del año recibió el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024.
Tal como señala Amnistía, esta suba se da en un contexto de desmantelamiento sistemático de las políticas de salud sexual y reproductiva, la suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE y la falta de campañas de información oficial.
En esa línea, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, destacó que la falta de información pública se transformó en un obstáculo crítico porque muchas mujeres desconocen cómo proceder en caso de necesitar un aborto. “Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres”, mencionó.
Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto. En el mismo sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, organismo encargado de fiscalizar a obras sociales y empresas de medicina prepaga, dio cuenta de que la mayor parte de las consultas que recibe mediante su formulario IVE/ILE son solicitudes de información y asesoramiento para acceder al procedimiento.
Amnistía resaltó que la producción y difusión de información sobre la implementación de la IVE/ILE contribuye a que las personas accedan a sus derechos, pero además sirve para diseñar, planificar y evaluar la eficiencia de las políticas públicas. Sin embargo, según la organización, desde diciembre de 2023 el Estado dejó de difundir información oficial sobre la implementación de esta política pública, lo que profundiza la opacidad y agrava la vulneración de derechos.
Ante esta situación, Amnistía exigió a las autoridades nacionales y provinciales que rindan cuentas acerca de la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva, y que garanticen el acceso a información adecuada.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en el municipio de San Miguel, donde tras varios pedidos de acceso a la información pública -impulsados por Amnistía Internacional junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, la Justicia ordenó a las autoridades locales publicar datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
La directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina, Lucila Galkin, expresó que “esta decisión judicial muestra que la transparencia no es opcional: las autoridades tienen la obligación de informar sobre cómo se implementan las políticas públicas que garantizan la Ley 27.610”.
Además de la falta de campañas de información, Amnistía hizo hincapié en que obras sociales, prepagas y centros de salud siguen interponiendo barreras en el acceso al aborto, a pesar de la obligación legal.
A su vez, señaló que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación informó que los reclamos por obstáculos en el acceso al aborto en el sector se deben principalmente a demoras evitables, como la falta de formación del personal, falta de asesoramiento a las usuarias sobre como acceder a la cobertura total de la medicación, demoras en la autorización de presupuestos y falta de derivaciones adecuadas a prestadores disponibles para garantizar la práctica.
Asimismo, el organismo señaló que en provincias como San Juan, Mendoza y Salta se registran dificultades para encontrar prestadores de salud privados que no invoquen la objeción de conciencia. En ese sentido, Amnistía recordó que conforme el marco legal vigente, solo los profesionales pueden declararse objetores de conciencia: no existe la objeción de conciencia institucional.
En todos los casos, explicaron, las obras sociales y empresas de medicina prepaga tienen la responsabilidad de buscar médicos disponibles para realizar la práctica y asumir los costos que ello implique, y las clínicas o centros privados deben garantizar una derivación adecuada en los plazos establecidos por la ley, de modo que el acceso al aborto no se vea demorado ni restringido.
Frente a estas denuncias, y en el marco del el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional lanza la campaña “La decisión es tuya, el camino acompañadas”. A través de ella se busca visibilizar el valor del acompañamiento en la interrupción del embarazo y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en todo el país.