El acceso al aborto legal en Argentina, consagrado por la Ley 27.610, atraviesa una crisis sin precedentes. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (28 de mayo), Amnistía Internacional lanzó el informe “También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas”, que alerta sobre la sistemática erosión de políticas públicas esenciales para la salud sexual y reproductiva.
Desde la llegada del nuevo gobierno, se registró un incremento del 275% en denuncias por barreras en el acceso al aborto, en comparación con 2023. A través de su formulario de atención, la organización relevó 160 casos solo entre enero y abril de 2025 —más del doble de todo el año anterior.
“Lo que estamos viendo es un retroceso deliberado en políticas públicas que costaron años de lucha”, alertó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Crisis de insumos: hospitales sin misoprostol ni anticonceptivos
Uno de los puntos más críticos es la interrupción de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, los medicamentos esenciales para realizar una IVE/ILE segura. Durante 2024, el Estado nacional no distribuyó insumos a las provincias, generando desabastecimiento generalizado.
Entre 2023 y 2024, la distribución de métodos anticonceptivos cayó un 81%, afectando también la entrega de preservativos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo. Esta situación profundiza la desigualdad territorial, ya que el acceso a derechos varía según el lugar de residencia.
Testimonios de la urgencia: María y Andrea
En el informe se recogen testimonios desgarradores. María, una mujer misionera con cuatro hijos y sin empleo registrado, tuvo que desistir de su derecho al aborto por no poder pagar los $100.000 que costaba el medicamento. En Entre Ríos, Andrea escuchó lo mismo: “La única opción es pagar la medicación”.
Ambos casos ilustran cómo el desmantelamiento estatal traslada el costo del derecho a las personas gestantes, vulnerando los principios de igualdad, equidad y no discriminación.
Desinformación y estigmatización: otras formas de barrera
El informe también destaca la desinformación sistemática que recae sobre las personas gestantes. Según los datos relevados, el 33,67% de las consultas se relacionan con no saber cómo o dónde acceder al aborto. La línea nacional 0800 para salud sexual fue señalada como inaccesible o poco útil por la mayoría de quienes intentaron usarla.
Además, el discurso oficial estigmatizante —como calificar al aborto de “agenda sangrienta” o “asesinato”— genera miedo y confusión tanto en quienes necesitan la práctica como en profesionales de la salud, obstaculizando aún más su implementación.
El rol del Estado, en retroceso
La Ley 27.610 establece que el Estado Nacional debe garantizar la equidad en el acceso al aborto. Sin embargo, en 2024 no se difundió ningún informe oficial de gestión sobre su implementación, incumpliendo con los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Varias provincias han reclamado previsibilidad y coordinación sin obtener respuesta.
Este vacío institucional ha provocado una transferencia forzada de responsabilidades a las jurisdicciones locales, muchas de las cuales no tienen los recursos logísticos o financieros para suplir la ausencia nacional.
Redes de acompañamiento: última trinchera frente al abandono
Ante este escenario de abandono estatal, las redes de acompañamiento feministas y comunitarias se han convertido en actores clave para sostener el acceso. Estas redes no solo acompañan procesos de aborto, sino que también visibilizan, documentan y denuncian el retroceso.
El informe de Amnistía concluye con un llamado urgente: “La disputa por los derechos sexuales y reproductivos es una lucha por la autonomía, la dignidad y la vida”. Frente al desmantelamiento, la organización exige al Estado que garantice el piso mínimo de derechos que la ley y los tratados internacionales establecen.