Tras la derrota en las elecciones y lejos de la proclamada autocrítica, el Gobierno profundizó su ofensiva contra las universidades y el Hospital Garrahan. El presidente dejó trascender que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica, ambas sancionadas en el Congreso con amplísima mayoría y respaldo social.
En respuesta, rectores, docentes y médicos llamaron a resistir en las calles. En ese sentido, la comunidad académica, sindicatos docentes y personal del nosocomio anunciaron una movilización nacional si el Ejecutivo avanza con esta decisión.
Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) compartió un video institucional que se viralizó en las redes sociales. El rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti, el director del CBC Felipe Vega Terra y los decanos de las trece facultades unificaron sus voces en defensa del derecho a estudiar.
“Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”, expresaron.
También remarcaron que la ley no es contra nadie, sino a favor de toda la sociedad. “Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario, que se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos”, solicitaron. “Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”, concluyeron.
El Senado aprobó la norma con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, luego de trece horas de debate. La ley estableció la reapertura de paritarias, la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos y la garantía de becas para estudiantes.
Sin embargo, la administración de Milei se negó a reglamentarla y amenazó con vetarla, como ya hizo el año pasado provocando un mayor deterioro en el poder adquisitivo de docentes y no docentes.
Cabe mencionar que la embestida libertaria no se detuvo en las universidades, ya que la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por 62 votos positivos y apenas ocho negativos, también está bajo amenaza.
La iniciativa busca destinar fondos adicionales para hospitales pediátricos; deroga la resolución 2109/2025, con la que el Ministerio de Salud recortó derechos laborales en el sistema de residencias médicas; y contempla la recomposición salarial de residentes.
La decisión de Milei y el rol del Congreso
Como se mencionó al comienzo, estas medidas llegan luego de la derrota contundente en la Provincia de Buenos Aires. Lejos de moderar su postura y escuchar a la sociedad, Javier Milei ataca otra vez a las instituciones más valoradas del país.
En paralelo, la oposición en el Congreso comenzó a organizarse para insistir en la sanción de ambas leyes. Con los votos garantizados para la emergencia pediátrica y cerca de los dos tercios necesarios para el financiamiento universitario, los bloques opositores esperan dar una respuesta política al intento de veto. Si lo logran, el Ejecutivo quedará desautorizado y su desgaste crecerá todavía más.
La falta de financiamiento ya impactó en estudiantes que perdieron becas, en docentes que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y en médicos que renunciaron a los hospitales públicos. El ajuste de Milei no fue un discurso, sino una realidad concreta que se tradujo en aulas sin calefacción, laboratorios sin insumos y guardias pediátricas con recursos al límite.
El artículo 80 de la Constitución establece que el oficialismo tiene diez días hábiles para vetar una ley. Si no lo hace, la norma queda promulgada de manera automática. El plazo vence en cuestión de horas y Milei deberá elegir entre cumplir con la voluntad popular expresada en el Congreso o insistir en su cruzada ideológica contra la educación y la salud pública.