
Consejo Escolar: un conflicto que no se resuelve
Un clima de creciente tensión atraviesa al sector de la construcción en el distrito de Moreno. Varias empresas que realizaron obras para el Consejo Escolar durante 2024 aseguran que todavía no recibieron los pagos correspondientes, a pesar de haber concluido los trabajos hace hasta diez meses. Según los denunciantes, mientras algunas firmas siguen sin respuesta, otras vinculadas políticamente a la actual conducción habrían cobrado de manera acelerada.
El conflicto comenzó a tomar fuerza tras el cambio de autoridades en marzo de este año, en el que se produjo un reordenamiento interno cargado de suspicacias. En medio de un fuerte hermetismo, la funcionaria Josefina Díaz Ciarlo, que había asumido en diciembre de 2023, renunció de manera «indeclinable» por «cuestiones personales». Su lugar fue ocupado inmediatamente por Nair Gómez, ex tesorero del Consejo Escolar, quien —según denuncian proveedores— solo recibe a “dos o tres empresas amigas”, mientras el resto de los contratistas continúa sin respuestas ni cronograma de pagos.
“Nos están boludeando, no nos dan respuestas claras. Mientras tanto, hay empresas que cobran y otras que no, y nosotros tenemos que seguir pagando sueldos”, afirmaron fuentes del sector en off the record.
Irregularidades bajo la lupa
La controversia no se limita a los retrasos. Distintos actores advierten que podría haber maniobras más graves detrás de las demoras. Fondos girados por la provincia de Buenos Aires para obras escolares habrían sido direccionados a firmas vinculadas con el oficialismo local, en detrimento de las empresas que efectivamente realizaron los trabajos.
Estos hechos, de confirmarse, no solo comprometerían la transparencia administrativa, sino que también podrían configurar delitos como corrupción, administración fraudulenta o malversación de caudales públicos.
La voz de las empresas
En este marco, desde Nota al Pie dialogamos con Daniel López, abogado de un estudio que representa a varias de las constructoras afectadas:
–¿Cuál es el principal reclamo de las empresas que usted patrocina?
-López: Lo que exigimos es simple: que se respeten los contratos y se abonen las obras concluidas. Hay compañías que terminaron los trabajos en septiembre del año pasado y aún no han cobrado. Esto genera un colapso financiero que amenaza la continuidad de pymes locales y el pago de salarios a cientos de familias.
-¿Detectan un trato desigual en el pago de deudas?
-Sí, lamentablemente notamos diferencias. Algunas empresas han cobrado de manera más ágil que otras, y eso genera malestar en el sector. Lo que pedimos es que se establezca un criterio claro, objetivo y transparente, para que todas las firmas sean tratadas de la misma manera y no haya sospechas de favoritismos.
-¿Qué pasos evalúan seguir si la situación no se resuelve?
-Nuestro objetivo es agotar todas las instancias administrativas y de diálogo posibles, confiando en que las autoridades puedan dar una respuesta. Si eso no ocurre, analizaremos los caminos legales correspondientes, siempre con el espíritu de defender los derechos de las empresas y contribuir a que el sistema funcione con mayor claridad y equidad.
Reclamo institucional pendiente
Por su parte, Martín Saade, también abogado y patrocinante de las empresas, señaló que desde hace meses vienen solicitando reuniones con las autoridades del Consejo Escolar y con el Ejecutivo local: «Hemos presentado notas formales y pedido audiencias para encontrar una solución institucional a este conflicto. Lamentablemente, hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de dialogar directamente con los responsables». Saade agregó que «creemos que la instancia del diálogo es fundamental antes de que el tema escale a la vía judicial».
Expectativa e incertidumbre
Mientras tanto, las pymes afectadas evalúan iniciar acciones judiciales y no descartan hacer públicas sus denuncias en los próximos días.
La comunidad educativa, junto con organizaciones civiles, ya reclama una auditoría exhaustiva sobre el manejo de los fondos escolares y explicaciones claras por parte de la intendenta Mariel Fernández y de las autoridades del Consejo Escolar.
La desconfianza crece y el malestar se extiende: las escuelas esperan inversiones reales, los proveedores legítimos reclaman lo adeudado y la sociedad demanda transparencia en el uso de los recursos públicos.