*Por Lorena Pokoik, diputada nacional.
Como diputada nacional quiero expresar públicamente mi más profunda solidaridad con Vanina Biasi, a quien la Cámara Federal decidió procesar y embargar por ejercer un derecho fundamental: denunciar el genocidio en Gaza. La Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó una resolución que transforma en delito lo que en cualquier democracia debería ser considerado un deber político, ético y humanitario: señalar crímenes de lesa humanidad.
El fallo sostiene que las publicaciones de Biasi en redes sociales, en las que denunció al Estado de Israel como genocida, nazi, asesino de niños y promotor del apartheid, constituyen “incitación a la discriminación”. Para llegar a esa conclusión, los jueces confundieron deliberadamente judaísmo con sionismo, religión con política, pueblo con Estado. Esa maniobra no es un error jurídico: es una decisión política que blinda al sionismo frente a las críticas y busca disciplinar a quienes denuncian la masacre en Palestina.
Biasi no atacó al pueblo judío ni a su fe. Denunció al Estado de Israel y a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, principal responsable de la destrucción de Gaza y del asesinato sistemático de miles de niños y niñas palestinas. Ese señalamiento no solo es legítimo, sino que está respaldado por el derecho internacional y por los principales organismos de derechos humanos. Human Rights Watch y Amnistía Internacional concluyeron en 2021 y 2022 que Israel comete el crimen de apartheid contra el pueblo palestino. La Corte Internacional de Justicia tramita desde 2023 la denuncia presentada por Sudáfrica que acusa a Israel de perpetrar genocidio en Gaza. Y los relatores especiales de la ONU han advertido una y otra vez sobre el riesgo real y plausible de exterminio de la población palestina.
Lo que en La Haya y en las Naciones Unidas se investiga como genocidio y apartheid, en Comodoro Py se procesa como un delito de opinión. Esa es la obscenidad de este fallo: criminalizar la solidaridad mientras se encubre a los criminales de guerra.
Tampoco es casualidad quiénes lo firmaron. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara durante el macrismo y se convirtieron en piezas clave del lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner. Llorens, por su parte, ha respaldado sistemáticamente la definición de antisemitismo de la IHRA, cuestionada a nivel internacional por equiparar antisionismo con antisemitismo. Ninguno de ellos actúa como juez imparcial: son engranajes de un Poder Judicial colonizado, que responde a intereses externos y que hoy se alinea sin pudor con la narrativa del sionismo internacional.
Este fallo no es solo contra Vanina Biasi. Es contra todos los que levantamos la voz por Palestina. Busca instalar miedo y autocensura, hacernos creer que denunciar al genocida Netanyahu es peligroso o ilegal. Pero nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria: más solidaridad con Palestina, más valentía para hablar, más compromiso político y humano con la verdad. Porque si en Gaza se mueren de hambre miles de niños, si se bombardean hospitales y se arrasan barrios enteros, lo indecente no es nombrar el genocidio, lo indecente es callar frente a él.
El procesamiento de Vanina Biasi es una canallada judicial que desnuda la complicidad del Poder Judicial con el genocidio en Palestina. Bruglia, Bertuzzi y Llorens cargarán con la responsabilidad histórica de haber criminalizado la denuncia de un crimen internacional, de haber convertido en delito la solidaridad y de haberse puesto del lado de los victimarios.
Defender a Vanina Biasi es defender la libertad de expresión, la democracia y el derecho internacional. Pero también es reafirmar que no tenemos miedo: vamos a seguir denunciando el genocidio en Palestina, vamos a seguir señalando a Netanyahu como responsable político de la masacre, y vamos a seguir sosteniendo que denunciar un genocidio nunca puede ser un delito. Al contrario: es un deber ético, político y humanitario.