Este 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca visibilizar uno de los delitos más aberrantes y, al mismo tiempo, más invisibilizados a nivel global. En Argentina, desde la sanción de la Ley N° 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas en 2008, el Ministerio Público Fiscal (MPF) registró 1.043 personas condenadas por hechos de explotación que afectaron a 2.560 víctimas.
Sin embargo, estas cifras son apenas la punta del iceberg. La trata de personas es un delito que se nutre de la vulnerabilidad social y se sostiene en redes de complicidades que dificultan su detección. A nivel mundial, entre 2020 y 2023, se identificaron más de 200 mil víctimas de trata. No obstante, organismos internacionales advierten que la cifra real es considerablemente mayor, ya que muchos casos no son denunciados.
En dialogo con Nota al Pie, Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la mesa federal de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), aseguró que “la Argentina es un país donde la trata de personas tiene una dinámica en función de sus características demográficas, de sus características económicas”. En paralelo, denunció que el gobierno “ha recortado los presupuestos, las ha desjerarquizado a las áreas específicas que trabajaban para la investigación y la asistencia” de estos delitos.
Desfinanciamiento y desprotección
La detección temprana y la investigación son considerados pilares fundamentales para combatir este delito. Así lo evidencia el trabajo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que desde su creación ha iniciado más de 3.700 investigaciones preliminares. A su vez, la línea 145, destinada a recibir denuncias de manera anónima y gratuita, recibió 19.208 llamados desde el inicio de su funcionamiento, de los cuales 2.415 corresponden al último año.
En este contexto de recortes en el Estado, especialistas advierten que la existencia de marcos legales y dispositivos de denuncia no son suficientes sin una política pública integral y sostenida. Las víctimas de trata requieren acompañamiento psicológico, acceso a la justicia y, sobre todo, alternativas reales para reconstruir sus vidas lejos de las redes de explotación.
Para la referente de Mumalá, el ajuste en políticas para prevenir y sancionar la trata se vinculan con el resto de recortes en el Estado. “El gobierno nacional ha hecho lo que lo que viene haciendo con todos los programas que están orientados a la prevención, a la asistencia de las víctimas, en este caso también a la investigación”, denunció Sosa.
Del mismo modo, Sosa aseguró que “estamos en una situación de mucha preocupación y con un gobierno que en lugar de generar iniciativas que persiguen el delito, ha generado iniciativas que lo promueven o que le dan facilidad para que se desarrolle en la Argentina”. Entre sus ejemplos mencionó la falta de controles en las fronteras o la falta de obligatoriedad para las empresas de transporte de larga distancia, del control de la documentación de niños y de niñas.
La representante de Mumalá advirtió, además, que el gobierno “también quito la responsabilidad a la unidad de investigación financiera por lavado de dinero en delitos de trata de personas”. En ese sentido, manifestó: “les ha quitado un rol determinante para para seguir la ruta del dinero en delitos como la trata”.
En un contexto de crisis social y económica, la prevención también se vuelve un desafío. La falta de oportunidades laborales, la desprotección estatal y la impunidad en muchos casos actúan como caldo de cultivo para que las redes de trata sigan operando con facilidad.
Escándalo con el Ministro de Justicia
Durante un encuentro en Nueva York que fue grabado con cámara oculta y difundido por el canal C5N, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, se presenta ofreciendo servicios al estadounidense Timothy Ballard, exagente de inteligencia federal y figura pública ligada a la película Sonido de Libertad. En la grabación, Libarona promete a Ballard facilitar reuniones con jueces, acceso a medios de prensa y la revisión de un proyecto de ley para lavar su imagen en Argentina, donde se conocen denuncias en su contra por abuso sexual.
El escándalo provocó una fuerte reacción de la oposición política local. Diputados como Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Mónica Fein exigieron la renuncia inmediata del ministro, acusándolo de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Los legisladores anunciaron también la presentación de pedidos de juicio político ante el Congreso, mientras el oficialismo relativiza el episodio.
Ballard, quien se autopostula como activista internacional contra la trata infantil, enfrenta múltiples denuncias por abuso sexual formuladas por exempleadas. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, había afirmado haber impedido su ingreso al país aduciendo que es “un abusador” con más de 20 denuncias en su contra.
La alianza entre Libarona y Ballard generó conmoción incluso en ámbitos dedicados a la lucha contra la trata, que cuestionan la credibilidad de quienes se presentan como defensores de víctimas si se vinculan con figuras tan controvertidas.
Ante la ausencia estatal redes feministas contra la trata
A pesar la de falta de presupuesto y de políticas al respecto, Sosa destacó la importancia del activismo para prevenir este tipo de delitos. “Los familiares han sido los precursores de redes de organizaciones en búsqueda de sus hijos, sus hijas, han sido las precursoras en la lucha por visibilizar el delito y también han decidido en la legislación que hoy tenemos”, explicó.
Del mismo modo, sostuvo que “las organizaciones feministas hemos aportado en todos estos años para incorporarla a la agenda de género, la lucha contra la trata y la exigencia del estado”.
Sosa explicó, además, que desde Mumalá trabajan para “visibilizar y también sensibilizar en torno a la modalidad de explotación sexual de mujeres, adolescentes y de niñas”: Sin embargo, “también hay que destacar que hay una alta participación de mujeres como víctimas del delito de trata con fines de explotación laboral”.
En este sentido, mencionó que “tanto en la zona donde se cultivan frutillas o donde hay poblados con grandes extensiones de cultivo de soja, hasta lugares donde hay talleres textiles clandestinos” hombres y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación laboral. “Nosotras lo que hacemos es visibilizar las modalidades de la trata y, por supuesto, denunciar cuando hay ausencia o límites del Estado para el abordaje de este delito”, concluyó.