Mientras le da lo que quiere al campo con la baja de retenciones, Javier Milei ya definió que el 4 de agosto vetará la emergencia en discapacidad, el aumento del 7,2% en las jubilaciones, la suba del bono de $70.000 a $110.000 y la reactivación de la moratoria. Con el Congreso en receso invernal, tanto oficialismo como oposición definen sus estrategias para lo que está por venir.
El Presidente aprovechará hasta el último minuto para realizar el veto en las leyes sancionadas el 10 de julio, ya que ese día vence el plazo que establece la Constitución para que el Poder Ejecutivo decida si promulga o veta las leyes. El oficialismo espera poder, en ese tiempo, negociar con los gobernadores los votos para que el veto sea ratificado.
Los vetos y las negociaciones
Hasta el 1 de agosto dura el receso invernal en el Congreso, un descanso que no está fijado por la Constitución Nacional ni específicamente escrito en el reglamento del Congreso. Estas “vacaciones” que se toman tantos diputados como senadores se dan en un año donde el Congreso no estuvo muy ocupado.
El 10 de julio, el Senado aprobó las subas en jubilaciones, el regreso de la moratoria previsional, las emergencias en discapacidad y Bahía Blanca, las distribuciones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y del impuesto a los combustibles. Estos últimos dos proyectos todavía tienen que ser tratados en la Cámara de Diputados.
La primera prueba para el Gobierno es la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, que ya fue vetada por Milei. El Congreso ya consiguió la media sanción en el Senado para que sea aprobada nuevamente. La iniciativa está lista para ser tratada en Diputados, donde necesitará dos tercios de los presentes para ser ratificada.
El dilema para los diputados proviene en que estarían votando en contra de esta ley en tiempos de campaña electoral y podría generarle malas repercusiones. Quienes tendrán una decisión más difícil serán los 15 diputados del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, que, en su momento, aprobaron la Ley y ahora cerraron alianzas con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.
Dentro de las leyes que serían vetadas está la Ley 27.791 que establece un incremento del 7,2% sobre los haberes previsionales y eleva el bono extraordinario. Se aprobó en Diputados con 146 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones y en el Senado obtuvo 52 votos positivos y 4 abstenciones. En caso de que se vetara, el Congreso necesitará dos tercios para insistir con la sanción, un número obtenible.
Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Encuentro Federal, defendió este proyecto en conversación con Radio Splendid: “La propuesta que hizo el Congreso es razonable, como el aumento a los jubilados que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste”.
Otra de las leyes votadas fue la de Emergencia Nacional en Discapacidad. Establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 e implementa un régimen especial de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses y multas, refinanciación de planes de pago caducos y simplificación de trámites. Tuvo 150 votos afirmativos en Diputados (dos tercios de los presentes) y obtuvo 56 votos positivos en el Senado (unanimidad).
Políticamente, es la que más respaldo tiene. Contó con el apoyo de legisladores del PRO. Pichetto, por ejemplo, dijo que “al Gobierno le va a resultar difícil sostener el veto” porque “hay una cuestión de sensibilidad humana a la que ningún argentino de bien puede estar ajeno”.
La ley más complicada de sostener para la oposición es la que restablece la moratoria provisional por dos años e introduce modificaciones en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Es la que menos respaldo tuvo en el Congreso: consiguió 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones en Diputados y 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención en el Senado. Al no estar aprobada por dos tercios hace más complicada la insistencia en caso de veto.
El Gobierno necesitará otros “87 héroes” para poder sostener los vetos, en el caso de que estén presentes los 257 legisladores. La Libertad Avanza tiene 39 legisladores propios y 2 más provenientes de los aliados de CREO y Somos Fueguinos. Necesitarían 46 más. Tendrían que sumar 33 de los 35 miembros del PRO, los 6 “radicales con peluca”, dos santafesinos de Futuro y Libertad, tres del MID y, por lo menos, seis de la Unión Cívica Radical.
El objetivo del oficialismo será buscar a quienes estuvieron ausentes en las votaciones. Además, espera contar con el respaldo de los radicales Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Gerardo Polini luego del acuerdo electoral realizado en Mendoza y Chaco. Otros esperan los que les digan los gobernadores dialoguistas.
Poca productividad
El Congreso está en receso invernal hasta el 1 de agosto. No fue un año muy productivo para el Senado. Sólo se realizaron 6 sesiones y en 4 de ellas se trataron temas. A diferencia de lo sucedido en 2024, donde el oficialismo pudo imponer las temáticas, en este primer semestre, solo una sesión fue positiva para La Libertad Avanza.
Esa sesión fue la del 20 de febrero, donde consiguieron suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aprobar el paquete de leyes impulsado por Patricia Bullrich que contenía la Ley Antimafias, Reincidencia y Reiterancia, y Juicio en Ausencia.
Luego, el 3 de abril, la Cámara alta rechazó los pliegos propuestos por el Gobierno de los jueces para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Lijo nunca llegó a asumir, García-Mansilla sí, pero renunció luego de la votación. Recién el 7 de mayo se volvió a abrir el Senado. Se aprobó la media sanción de la sanción de emergencia para Bahía Blanca y se cayó por un voto Ficha Limpia.
El receso invernal finalizará el 1 de agosto y el Senado todavía no trató proyectos que cuentan con media sanción como la emergencia por inundaciones en Buenos Aires y Santa Fe, la ley contra la ludopatía (está en espera desde el año pasado) y la ley Nicolás. El receso permite que se reúnan comisiones, pero aún no se trataron temas como la creación del Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial o la extensión del plazo para la expropiación del predio donde funcionó Cromañón, que ya salieron en Diputados.