El Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso la tobillera electrónica y otras restricciones al expresidente Jair Bolsonaro, por el riesgo de fuga y obstrucción del juicio por intento de golpe de Estado. La medida, adoptada este viernes 18, agrava el conflicto con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció el 9 de julio, para entrar en vigor el 1 de agosto, un arancel de 50 % a todos los productos brasileños y lo justificó por el proceso judicial contra Bolsonaro, entre otros motivos.
Se trata, según dijo, de una “cacería de brujas que debe acabar IMEDIATAMENTE” (mayúsculas en la carta de Trump publicada en su red Truth Social), que atenta contra exmandatario de extrema derecha, quien gobernó el país entre 2019 y 2022, .
Medidas judiciales aplicadas contra las plataformas digitales de empresas estadounidenses, que según Trump configuran censura y violación de la libertad de expresión, también se incluyeron entre las justificaciones del súper arancel, llamado localmente “arancelazo”.
Además se mencionaron medidas comerciales proteccionistas que habrían contribuido a un supuesto superávit de Brasil en su comercio con Estados Unidos, desmentido por datos tanto brasileños como estadounidenses que registran un déficit brasileño desde 2009.
En la mañana de este viernes 18, la Policía Federal hizo una operación en la residencia de Bolsonaro, le incautó 14 000 dólares, dinero brasileño, el teléfono celular del expresidente y un pendrive oculto, además de imponerle la tobillera que permite monitorear sus traslados.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), acogió una solicitud de la Procuraduría General (fiscalía) para la operación, ante la “posibilidad concreta de fuga del reo”.
Bolsonaro está siendo enjuiciado, acusado de cinco crímenes: intento de golpe, abolición violenta del estado de democrático de derecho, organización criminal, daños a instalaciones estatales y destrucción de patrimonio histórico.
El expresidente y otros siete reos, incluyendo cuatro generales del Ejército y un almirante de la Marina, ya prestaron testimonios ante el Supremo Tribunal, así como sus testigos y abogados. La sentencia final se espera para septiembre u octubre.
Además de la tobillera, al exmandatario se le prohibió salir de la residencia en las noches y fines de semana, de comunicarse con los otros reos en su proceso judicial, con embajadas y con su hijo Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos desde marzo en un “autoexilio” como él mismo define, y de usar las redes sociales.
Es una “suprema humillación”, dijo Bolsonaro a la prensa luego de la operación policial. Añadió que no pretende salir de Brasil ni buscar ninguna embajada para exiliarse.
Las “medidas cautelares” en su contra debe de generar retaliaciones de Trump que en la víspera publicó una carta al mismo Bolsonaro en que le reitera su apoyo, que su juicio es injusto y debe tener un fin inmediato. Además confirma que la tarifa de 50 % es una sanción al “tratamiento terrible de un sistema injusto” que estaría sufriendo el ex presidente brasileño.
Esa injerencia en los asuntos de la justicia brasileña dificulta, si no hace imposible, una negociación arancelaria entre los dos gobiernos, ya que tanto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como otras autoridades del Estado brasileño afirmaron que se trata de cuestiones “innegociables”.
Las medidas adoptadas contra Bolsonaro se deben también a las gestiones que su hijo Eduardo Bolsonaro viene desarrollando junto al gobierno, al congreso y otros políticos estadounidenses para que adopten sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, que conduce los procesos del intento del golpe de Estado y contra la desinformación de las redes sociales.
Las medidas arancelarias sobrepasaron, al parecer, las propuestas de la familia Bolsonaro, que comprende además el senador Flavio Bolsonaro. Pero ellos pasaron a proponer el fin del proceso judicial contra el ex presidente como forma de suspender los aranceles que prácticamente inviabiliza gran parte de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos.
La reacción de Lula, afirmando la soberanía nacional, la disposición de negociar pero también de adoptar retaliaciones permitidas por la Ley de Reciprocidad, aprobada en abril de 2025, obtuvo el apoyo del empresariado, incluso del agronegocio que le hace oposición radical.
Las gestiones de los Bolsonaro ante el gobierno estadounidense también son consideradas intento de obstrucción del juicio por la fiscalía y el juez Moraes.
Otros dos jueces del STF ya aprobaron las medidas contra Bolsonaro, formando mayoría en el grupo que juzga el proceso de intento de golpe, compuesto de cinco jueces. De esa forma la decisión ya no es de Moraes, considerado el enemigo número uno por la familia Bolsonaro, sino del tribunal supremo.
*Artículo original publicado por IPS. Disponible en este link.