El presidente Javier Milei fue el de siempre. Después de haber faltado a Tucumán, con la excusa de la niebla, avivó el fuego con declaraciones duras contra los gobernadores. «Están desbocados», afirmó Milei durante una entrevista radial este 9 de julio, acusándolos de querer «destruir al Gobierno nacional». Estas declaraciones han intensificado el conflicto, especialmente con aquellos mandatarios que hasta ahora habían apoyado al Gobierno en medidas clave.
La sesión aborda varios proyectos cruciales. Entre ellos se encuentran reformas en jubilaciones, discapacidad, y una declaración sobre YPF. Pero los temas más controvertidos son aquellos impulsados por los gobernadores: la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.
La oposición, que cuenta con el apoyo de los senadores de Unión por la Patria, los radicales Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco, y la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro), asegura tener el quórum necesario para iniciar la sesión. Sin embargo, el camino no será fácil. Se espera una dura discusión reglamentaria sobre la validez de los dictámenes de comisión, ya que el oficialismo argumenta que se requieren dos tercios para habilitar el debate sobre tablas.
Disputas reglamentarias en el Senado y el reclamo de los gobernadores
La Secretaría Parlamentaria del Senado desechó el lunes los dictámenes firmados por la oposición, alegando que no se cumplió con el procedimiento reglamentario. La oposición, por su parte, argumenta que la reunión en la que se obtuvieron estos dictámenes fue lícita, ya que estuvo presente una mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, incluyendo al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Uno de los puntos más sensibles será el debate sobre los proyectos relacionados con la coparticipación, que necesitarán mayorías especiales. Estos proyectos, acordados entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buscan una redistribución de los ingresos.
Además, se discutirá el rechazo al veto presidencial contra la ley de emergencia por el temporal en Bahía Blanca y una declaración del Cuerpo sobre la decisión tomada por la jueza norteamericana Loretta Presta en relación a la empresa YPF.
Con un temario de siete cuestiones, de las cuales al menos seis cuentan con el abierto rechazo del Gobierno nacional, la sesión de este jueves se perfila como una de las más intensas y extensas en la historia reciente del Senado.
La Emergencia en discapacidad
La Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva, y el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras entidades, acompañan desde la puerta del Congreso para exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en discusión en el Senado.
Según declaraciones de la Fundación de Desarrollo Humano Integral a Noticias Argentinas, la discapacidad en Argentina está en un estado de crisis extrema. Esto se debe a la pérdida de asignaciones para muchas personas y al vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que debería garantizar sus derechos. La agencia sufrió 340 despidos y se denuncia el retroceso del modelo médico. Además, se acumula un recorte del 19% en el presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas sin ajustes desde noviembre de 2024, y las obras sociales permanecen desreguladas, afectando a más de 500.000 personas y dejando a un millón auditadas sin garantías ni nuevas pensiones.
Las fuentes anónimas dentro de la ANDIS advirtieron a Noticias Argentinas que los problemas en el sector podrían agravarse en el futuro cercano. Indican que la única prioridad en la agenda de la agencia parece ser recortar pensiones, sin considerar el impacto en las personas afectadas.
El Foro Permanente agregó que el sistema de atención a personas con discapacidad está colapsado, afectando a más de 250.000 personas que requieren atención y a más de 150.000 trabajadores de estos servicios. «No podemos permitir este maltrato. No se trata de exigir privilegios, sino de salvaguardar derechos que ya están consagrados por la legislación», concluyó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), parte del Foro Permanente.
Las organizaciones solicitaron a la sociedad colaborar para visibilizar esta emergencia, subrayando que la discapacidad no puede ser una carga más que se ajuste. Se espera que la Ley de Emergencia sea discutida y sancionada para abordar esta situación crítica.