En el día de mañana, a las 12, la oposición buscará quórum para avanzar con la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar las jubilaciones y la emergencia tanto en discapacidad como en las zonas afectadas por las inundaciones.
Desde las 16, se espera una multitudinaria movilización multisectorial contra el gobierno de Javier Milei en la Plaza del Congreso. Se trata del segundo intento de sesionar tras el 21 de mayo, cuando fracasó el quórum al conseguir 124 de los 129 diputados necesarios.
En aquella ocasión, se registraron ausencias de UP pese a ser impulsores de la sesión, con cuatro diputados de Santiago del Estero por presuntos retrasos en los vuelos.
Tras esa experiencia, y con la presión de los gobernadores detrás, del temario para mañana se excluyeron los puntos que más preocupaban al gobierno de Javier Milei: la designación de autoridades de la comisión investigadora por el caso $LIBRA y la cobertura de vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Con la readecuación de temas a tratar y sin los más controversiales, florece el optimismo por alcanzar el quórum. El pedido de sesión corre con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
Diputados por las jubilaciones y la emergencia en discapacidad
La oposición buscará el quórum en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos que buscan recomponer jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad y para las zonas afectadas por las inundaciones.
Uno de los temas, nuevamente, vuelven a ser los jubilaciones, donde se buscará prorrogar la moratoria sumado a un incremento excepcional del 7,2% en jubilaciones y pensiones.
Otro objetivo es el aumento del bono extraordinario el cual quedó estancado en $70.000 y buscan que llegue hasta los $105.000 o $115.000. A su vez, se plantea una prestación proporcional para personas mayores que no lleguen a los 30 años de aportes.
Además, otro de los proyectos a tratarse es el de la declaración de Emergencia en Discapacidad, que podría implementarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Para este tema, se plantea una recomposición de las pensiones desde diciembre de 2023 que se ajuste por inflación acumulada, sumado a una actualización automática del nomenclador de aranceles.
El último tema a tratarse es el que se propone declarar la emergencia en “zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional”, en las áreas de la provincia de Buenos Aires que en las últimas semanas fueron castigadas por el temporal.
El Gobierno adelantó que volverá a utilizar el veto
Desde el Gobierno de Javier Milei ya adelantaron que piensan seguir utilizando la herramienta del veto para eludir al Congreso, en defensa del “equilibrio fiscal”.
Una vez más, el gobierno libertario avisa que utilizará el veto, tal como lo hizo el año pasado ante un magro aumento a jubilados (con asadazo de festejo) y ante el financiamiento universitario. En tal caso, la oposición debería intentar rechazar ese veto y para ello necesitaría reunir los dos tercios necesarios para insistir con los proyectos.
Desde el gobierno, uno de los que salió a advertir sobre el veto fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “No se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, en palabras a Radio Rivadavia.
Otro de los que salió al cruce fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través de X, quién acusó “al kirchnerismo con sus actuales aliados con falsa demagogia y total irresponsabilidad”, de impulsar proyectos que “tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dolares (1.8% PBI)”.
En otras palabras, acusó: “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó corregir”.
Además, criticó el intento de ir hacia una prórroga de la moratoria previsional y de la declaración de Emergencia en Discapacidad que “sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado”.
De este modo, el gobierno demuestra desinterés por solucionar tanto la situación de los jubilados como de las personas con discapacidad, todo con el justificativo de un “equilibrio fiscal”.