A través del Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. La medida lleva la firma del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En este marco, la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, denunció que Milei y el ministro Federico Sturzenegger son los responsables de generar “rutas nacionales de la muerte”. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”, afirmó sobre la disolución del organismo clave para el mantenimiento de las rutas.
Además, agregó que “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”. “Más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura, dejan en un camino de incertidumbre lo que se viene”, advirtió Aleñá.
Para la sindicalista, “esto no es una simple reorganización administrativa: significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.
Los argumentos
Entre otras cosas, el decreto señala que “las actividades desarrolladas por la Dirección Nacional de Vialidad y su estructura compleja no se ajustan a las necesidades actuales de gestión”. También se menciona que “los recursos materiales de la citada Dirección y la cantidad de agentes, así como entre el número de empleados que cumplen funciones administrativas y jerárquicas y aquellos que realizan tareas operativas en territorio”.
Desde el STVyARA sostuvieron que el decreto reduce las tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, sin tener en cuenta todos los trabajos que lleva adelante, como obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento inverna, control de peso, etc.
Por otro lado, se argumenta que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado. “Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, comentó Aleñá y añadió: “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.
También se propone que las funciones de Vialidad pasen a una nueva agencia que supuestamente será más moderna y profesional para realizar una transferencia de funciones a una agencia más ágil. “La centralización en el Ministerio de Economía aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”, afirmó la dirigente y afirmó que “la nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”.
Por último, la Secretaria General expuso que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial donde decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.