La Ciudad de Buenos Aires incorporó esta semana 900 nuevos policías al patrullaje activo en el espacio público, en el marco de su Plan de Seguridad Integral. El objetivo, según el gobierno de Jorge Macri, es “reforzar la vigilancia en las calles” con mayor presencia policial y equipamiento tecnológico.
Sin embargo, el anuncio se da en un contexto de crecientes críticas hacia el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y operativos recientes, lo que reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal.
Refuerzo policial y nueva estrategia
El anuncio fue realizado oficialmente por el propio jefe de Gobierno, quien destacó que con esta nueva incorporación ya son 2.400 los efectivos sumados a tareas operativas desde diciembre.
Les agentes forman parte de un plan más amplio que incluye la instalación de nuevas cámaras de vigilancia, lectores de patentes, centros de monitoreo en tiempo real, y el uso extendido de armas no letales como pistolas Taser y lanzadores Byrna.
Esta estrategia, que apunta a “recuperar el orden” en zonas específicas de la Ciudad —entre ellas Palermo, Recoleta, Retiro y Constitución— se complementa con el traspaso de agentes administrativos a tareas de calle. En lo que va del año, más de 1.000 policías dejaron oficinas para ser reasignados al patrullaje y el control del espacio público.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño aseguraron que el incremento de presencia policial busca responder a “una demanda ciudadana”, con el objetivo de reducir delitos y mejorar la capacidad de respuesta.
También se mencionó que parte de los nuevos efectivos serán destinados a patrullajes preventivos y controles vehiculares, en coordinación con las fuerzas federales.
Crecen las denuncias por abuso policial
El despliegue de más policías en las calles, sin embargo, genera preocupación en sectores sociales y organismos de derechos humanos. Durante el último año —y especialmente en los primeros meses de 2025— se registró un incremento significativo en las denuncias por uso excesivo de la fuerza en protestas y movilizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo, cuando una manifestación pacífica de jubilados frente al Congreso terminó con más de 120 personas detenidas, 45 heridas y un fotógrafo (Pablo Grillo), hospitalizado de urgencia tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza.
La intervención policial fue ampliamente repudiada por sindicatos, organizaciones sociales y organismos de prensa, que denunciaron además restricciones a la cobertura periodística durante el operativo.
De acuerdo con la Comisión Provincial por la Memoria, más de 1.200 personas resultaron heridas en operativos policiales durante protestas en lo que va de 2025, superando las cifras de todo el año anterior.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza” y solicitó al Estado argentino garantizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión, especialmente frente al uso de armas de dispersión no letales.
¿Mayor vigilancia o menos libertades?
La crítica principal no apunta solamente a la cantidad de policías desplegados, sino a la falta de cambios institucionales en cuanto a formación, protocolos y mecanismos de rendición de cuentas.
La implementación de nuevas tecnologías y armamento, sin controles claros ni capacitación específica en derechos humanos, alimenta la desconfianza sobre el verdadero alcance del plan.
Distintas voces advierten que el incremento de la presencia policial, si no va acompañado de una revisión profunda del accionar y de los protocolos del uso de la fuerza, podría redundar en un avance sobre las libertades civiles, sobre todo en un clima social marcado por la protesta y la movilización.
Desde organismos como el CELS y Amnistía Internacional se subraya la necesidad de supervisión independiente, evaluación del impacto del uso de armas no letales y garantías concretas para la labor de periodistas y manifestantes. Hasta ahora, el Gobierno porteño no ha anunciado medidas en ese sentido.