El 8 de julio vencen las facultades delegadas que el Congreso de la Nación le otorgó al Poder Ejecutivo a través de la llamada Ley de Bases. Este vencimiento limitaría el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al perder el área normativa que utiliza para llevar adelante sus reformas. Aunque no prorrogarán las facultades, piensan sacar más decretos para aprovechar el margen que les queda.
Las facultades delegadas
Luego del fracaso de la Ley Ómnibus, una versión recortada (Ley de Bases 27.742) logró ser aprobada en el Congreso de la Nación en junio de 2024. Las facultades delegadas que iban a ser por cuatro años terminaron siendo por un año y se aprobaron gracias a la ausencia del bloque de Santa Cruz, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano. Al faltar elles, la votación terminó empatada 35-35 y Victoria Villarruel pudo desempatar a favor en los dos artículos que se referían al tema. También fue clave el voto del radical Pablo Blanco.
El Gobierno ya se había atribuido facultades extraordinarias con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. En ese DNU declararon la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
En la Ley de Bases se declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética y las facultades delegadas. Estas facultades permiten que el Presidente pueda ejercer algunas de las funciones que la Constitución le asigna al Congreso mediante decretos que deberían ser revisados después por diputades y senadores.
Lo real es que el Congreso no le impuso muchos obstáculos al Presidente este año. El único decreto que se rechazó fue el que le otorga un presupuesto millonario a la recientemente creada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aunque hubo otros que no cumplían con los requisitos constitucionales o que excedían las atribuciones. Hay informes que señalan que se habrían publicado 212 normas con desregulaciones que eliminaron o modificaron otras 760 normas.
El artículo 3° de la Ley de Bases es el que utilizaron para aprovechar las facultades delegadas. Es así el caso del inciso A que prevé “la modificación o eliminación de competencias, funciones o responsabilidades” y el inciso B que habilita que se centralicen, fusionen y disuelvan organismos públicos.
El ministro Federico Sturzenegger detalla cada uno de estos cambios en su cuenta de X. La más reciente fue la disolución de la Ley 26.060 y su decreto reglamentario 52 que le dieron forma al Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, situación que preocupa a los sectores algodoneros que se encuentran en Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Formosa y Chaco.
Algunos de los decretos recientes que se apoyan en estos dos incisos son el que le quitó la obligatoriedad que tenía el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) de emitir un certificado especial para toda pila usada en el país, y la centralización en la Jefatura de Gabinete de un organismo que siempre estuvo descentralizado como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El Gobierno también avanzó cambiando la estructura jurídica de empresas públicas y sociedades del Estado que fueron transformadas en sociedades anónimas. La excepción es el Banco Nación, donde intervino la Justicia para que no pudieran modificarlo. A su vez, disolvieron fondos fiduciarios como el de Red de Autopistas y Rutas Seguras de Participación Público Privada (PPP) y el Fondo Fiduciario Gas Licuado de Petróleo o previamente el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un informe claro acerca del “impulso frenético para materializar reformas normativas” de parte del Gobierno que se apalancó en “tres herramientas que le permitieron evitar, en gran medida, al Congreso de la Nación: el DNU 70/23, la Ley Bases y las resoluciones ministeriales”.
Allí establecen que “el presidente Milei no encontró demasiados límites políticos o judiciales a su proyecto de transformación”. Además, destacan que con las facultades delegadas “intervino instituciones, disolvió organismos, desfinanció o eliminó fondos fiduciarios para políticas distributivas como el fondo para los barrios populares, cerró medios públicos y cambió reglas de la administración pública.
El informe también específica otras dos estrategias utilizadas por el Ejecutivo para evitar el Congreso. Una de ellas es modificar los decretos reglamentarios en vez de cambiar leyes, como lo hicieron para restringir el acceso a la información de interés público.
Y otra es el uso de las resoluciones ministeriales, especialmente en economía, salud y seguridad. En ese sentido mencionan mecanismos de control de las cuotas que cobran las empresas de medicina prepaga, las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta (el “protocolo antipiquetes”), las facultades de uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales (el protocolo de uso de armas de fuego), las condiciones para patrullar las redes sociales en busca de “delitos”.
¿Qué se viene a futuro?
“Pensando las reformas de segunda generación un sábado a la mañana con el presidente Javier Milei que no para nunca: reforma laboral, mercado de capitales, contratos, seguros, etc. La conversación sobre los seguros como alternativa al Estado fue alucinante”, había adelantado Sturzenegger en la red social X.
Se anticipa una reforma en el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), actualmente un organismo autárquico en la órbita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Aunque se descartó la unión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En estos días se espera que se anuncie la fusión entre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
A futuro, Milei dependerá del Congreso y deberá negociar ley por ley o el Ejecutivo deberá buscar otra manera para que Sturzenegger pueda realizar sus paquetes desregulatorios. Además, con solo 72 votos garantizados el oficialismo no alcanza los dos tercios para ratificar los vetos.