Desde marzo de 2024, la mesa intersectorial conocida como “La cocina de los cuidados” monitorea de forma trimestral las políticas públicas destinadas a sostener la vida comunitaria. El quinto informe, presentado en junio de 2025 por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), muestra que de las 50 iniciativas originalmente en marcha, solo 4 permanecen activas.
Según el documento, el 92 % restante fueron recortadas, paralizadas, derogadas o están en riesgo de desaparecer. Las consecuencias no son abstractas: son madres que piden un aumento de AUH para sólo sostener lo básico y abuelas que sacrifican medicación por comida.
También son familias endeudadas, jubilades obligades a elegir entre alimentarse o medicarse, trabajadoras al límite y niñas sin red de contención. Para este entonces, hay personas que tuvieron que elegir «entre comer o medicarse”. Otros, manifiestan que «la alimentación es un Derecho…pero, la carne es impagable». Y así ocurre con otros bienes vitales.
Personas mayores, discapacidad y trabajadoras en el límite
Desde diciembre de 2023, PAMI redujo su cobertura de medicamentos de 4,6 a 3,8 millones de personas. Las camas en residencias financiadas cayeron de 22 000 a 17 000, y los subsidios para cuidadores se recortaron un 18 %. En el universo de la discapacidad, el rechazo de pensiones pasó del 40 % al 75 %, y 56 000 pensiones fueron revocadas.
Por otra parte, el congelamiento de programas sociales clave –como el monotributo social, el “Potenciar Trabajo” y los espacios de cuidados comunitarios– dejó a miles de trabajadoras sin respaldo. La consecuencia directa es el aumento del endeudamiento familiar y la sobrecarga para mujeres y niñas que asumen cuidados no remunerados.
Retroceso de derechos y contradicciones oficiales
Las políticas de educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo están siendo desarmadas. También se incumplen normas como el cupo laboral trans y se desfinancian áreas de género, profundizando las desigualdades estructurales.
En contraste, el gobierno nacional celebra una supuesta baja en la pobreza infantil, vinculada al sostenimiento de la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, el informe advierte que sin políticas integrales, la mejora estadística no es sostenible: «las familias no alcanzan a cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos o transporte».
El informe del CELS plantea que, más allá de valores monetarios o índices, el desmantelamiento del entramado de cuidados amenaza el futuro: mayor desigualdad, crisis de salud pública, empobrecimiento crónico.
Por estas razones, es urgente prestar atención a estas problemáticas y reconstruir una política de cuidados comunitaria, transversal y sostenible, que reconozca el cuidado como palanca para una sociedad más justa e igualitaria.