A medida que se acerca el miércoles, en las calles se empieza a sentir la expectativa de una jornada que promete marcar un nuevo punto de inflexión. Mientras el Gobierno intensifica sus maniobras para desactivar la movilización en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, crecen las versiones sobre las posibles vías para concretar su detención.
La marcha se realizará el miércoles a las 10, y saldrá desde San José 1111 hacia Comodoro Py, donde se presentará la expresidenta para que le confirmen si le otorgan prisión domiciliaria. La secretaria general del PJ Nacional, Teresa García, señaló que será “un hito para la política argentina” y que están “preparados desde la mañana a acompañarla donde sea”.
Por su parte, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, indicó que “es importante resaltar que la movilización de acompañamiento a Cristina va a existir y desde los medios hegemónicos de comunicación, y por supuesto del grupo Clarín con el jefe de la mafia Magnetto a la cabeza, van a tratar de desmotivar”.
Este domingo la gente volvió a juntarse frente a la casa de la exmandataria, luego de que la policía desalojara el lugar el sábado a la noche y se llevara los gazebos, las cartas, las banderas e incluso una de las parrillas de quienes se encontraban trabajando allí. Pese a las quejas, Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a la militancia.
Domiciliaria, ¿sí o no?
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner ya solicitaron la prisión domiciliaria, con el eje en tres argumentos: la edad, su carácter de expresidenta que le otorga custodia las 24 horas y el intento de asesinato que sufrió en 2022. Uno de los datos que expuso la defensa es que de las 13.400 mujeres condenadas en Argentina, ninguna mayor de 70 años se encuentra detenida en una unidad carcelaria.
En tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirían que no se le conceda este beneficio a la expresidenta como lo hicieron con el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, que está por cumplir 80 años y tiene varias aflicciones de salud. “Quieren un show de humillación. El peronismo no va a permitir que manchen su dignidad”, argumentó al respecto Teresa García. Quién terminará decidiendo el futuro de Cristina será el Tribunal Oral 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso
Hay varias versiones sobre lo que podría pasar en estos días. Desde el diario La Nación sostienen que existe la posibilidad de que se adelante la decisión y sea anunciada este martes para que la expresidenta no tenga que ir a Comodoro Py y así sacarle fuerza a la movilización. Sin embargo, el tribunal habría desestimado esta opción.
Esta sería la alternativa favorita del Gobierno. En La Política Online sostienen que desde el Ejecutivo, “Santiago Caputo y su colaborador, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mantienen por estas horas intensos diálogos con sectores del Poder Judicial, para conseguir que los jueces que tienen a cargo la ejecución de la condena contra Cristina le otorguen directamente este martes el beneficio de la prisión domiciliaria”. A dicho medio, también le confesó un juez federal que “son varios los jueces y fiscales que están pidiendo que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina”.
En el caso de que los jueces aprueben la domiciliaria en el plazo de los cinco días hábiles, la expresidenta no tendría que presentarse en Comodoro Py. De todos modos, cualquiera sea la decisión, la marcha se realizará. “El miércoles vamos a estar con Cristina, pase lo que pase”, explicó la diputada nacional Florencia Carignano.
Los mismos medios que antes presionaron para que la Corte Suprema sacara el fallo que confirmaba la condena de Cristina, ahora presionan para que no tenga los mismos privilegios que tiene cualquiera persona con prisión domiciliaria. Desde los medios más oficialistas se enojan porque sale a saludar a la gente, dos o tres veces al día.
En ese sentido, buscan que no pueda salir al balcón, minimizar la gente que la visita y que no pueda mantener reuniones o realizar videos en caso de que quiera hacerlo. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, opinó que no debería tener acceso a la comunicación mediante redes sociales y que no tendría que poder salir al balcón. Sería raro que le puedan agregar restricciones a la prisión domiciliaria, considerando que es algo que no suelen hacer, ni siquiera con los genocidas, los cuales salen a caminar y realizan fiestas en su casa.
La movilización del miércoles
Se apruebe o no el arresto domiciliario, el Partido Justicialista (PJ) convocó la marcha para el miércoles 18 de junio a las 10 am en San José 1111. En caso de que la expresidenta deba ir a Comodoro Py, el partido la acompañará desde su domicilio y luego en la vuelta. “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”, es la consigna.
En cuanto a los sindicatos, Octavio Argüello, miembro del triunvirato de la Confederación General de Trabajo (CGT) avisó que no han conversado por una medida de fuerza por Cristina. Por eso recrudeció la interna. Durante la semana, Pablo Moyano se reunió con la expresidenta y expresó la que cree que es la mejor opción: “El compañero Sergio Palazzo ha pedido un cese de actividades y creo que va a ser lo mejor para que la gente se pueda movilizar el día miércoles”.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, compartió el acuerdo que alcanzaron en la reunión del PJ, donde resolvieron “convocar a un paro de 24 horas y una movilización multitudinaria el próximo miércoles 18”. Ellos marcan que la inhabilitación perpetua a Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos y su condena a prisión “es un acto de persecución política, un intento de disciplinamiento y una advertencia a quienes se atreven a enfrentar al poder real”. “¡La democracia no se negocia, se defiende en las calles!”, advirtieron.
Impacto internacional
Como recurso, a Cristina Fernández de Kirchner, solo le quedan los organismos internacionales. Sus abogados ya radicaron una denuncia en la Corte Penal Internacional y preparan otra que presentarán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esperan que puedan revisar la causa Vialidad antes de 2027. En la Corte, Gregorio Dalbón acusó una “persecución política, mediática y judicial” del Estado contra la expresidenta.
Si interviene, la CIDH, estudiará las presuntas lesiones a los derechos humanos de la exmandataria. Si admiten que hubo violación de derechos emitirán un informe y detallarían el caso y darían recomendaciones al Estado. Si el Estado no cumple, pueden mandarlo a la Corte Interamericana o condenar al Estado argentino y exigir la nulidad del fallo o medidas para restituir derechos.
El impacto internacional preocupa al Gobierno, por los resultados que podría tener en las relaciones exteriores. Principalmente por el respaldo de Claudia Sheinbaum (México), Lula Da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia). Así se lo relató “un diplomático muy cercano a la administración libertaria” a La Política Online: «Generó una situación incómoda, tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina y dos de los tres países latinoamericanos del G20 también»
En la misma nota de LPO señalan que el Grupo Puebla cree que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal”. En su ofensiva contra el fallo están trabajando la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón. Con ellos serían tres los frentes que defenderían a la expresidenta en el plano internacional junto a los abogados personales de Cristina y el Partido Justicialista en coordinación con los aliados regionales como el PT de Brasil y Morena en México.