
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner solicitaron la prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirma la condena a seis años de prisión. Se trata de la causa Vialidad, por la que además se le impuso la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La defensa de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron la prisión domiciliaria por razones de seguridad, edad y ausencia de riesgo de fuga.
En paralelo se está cocinando una movilización en apoyo a Cristina Fernández, prevista para cuando la exmandataria se entregue en Comodoro Py, que sería el próximo miércoles.
Para esa fecha, se confirmó la presencia de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma, cuyos representantes se reunieron este viernes con las autoridades del PJ Nacional. Por otro lado, la reunión con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) se realizaría el martes donde la cúpula decidirá tras el tire y afloje.
Según trascendió, y si bien la CGT expresó a través de sus redes sociales que “la democracia está en peligro”, no existe certeza sobre un paro general pese a las presiones de algunos sindicatos para pronunciarse en contra de la proscripción a CFK. De todos modos, como mínimo, otorgarían “libertad de acción” a los gremios para movilizarse.
En ese sentido, entre quienes meten presión a la CGT y se pronunciaron se encuentran: Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria; y Guillermo Moser, secretario General de la Federación de Luz y Fuerza (FATLyF).
Además acompañan Norberto Di Próspero (personal legislativo), Víctor Santa María del SUTERH (encargados de edificios), Horacio Arreceygor (Sestad), Graciela Aleña (Vialidad) y Carlos Minucci del sector de energía (APSEE), entre otros.
Asimismo, se espera una masiva movilización de la población en general para pronunciarse en contra de la condena, de la proscripción o simplemente en defensa de la democracia.
Uno de los sectores que resaltaron por su actividad fueron los centros de estudiantes de escuelas secundarias, quienes decidieron tomar los colegios “en defensa de la democracia”.
Hasta ayer, en la Ciudad de Buenos Aires, todavía se mantenían tomas en el Carlos Pellegrini, el Mariano Acosta, el Colegio Nacional Buenos Aires, el Julio Cortázar, el Liceo 9, el Normal 1 y el Normal 8, entre otros. En algunos casos anunciaron que se trata de tomas por tiempo indefinido.
Los argumentos
Con la confirmación de la condena a Cristina Fernández, su equipo de abogados procedió a solicitar la prisión domiciliaria ante el Tribunal Federal Oral 2. Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron que durante el tiempo que demore el trámite, se le otorgue a CFK “provisoriamente” la detención en la vivienda de San José 1111, donde reside actualmente.
Por otra parte, la defensa advirtió que en caso de ser denegada la solicitud acudirá a la Corte Suprema y a los organismos internacionales abocados a los Derechos Humanos.
Como se mencionó, uno de los argumentos para pedir la prisión domiciliaria es la edad ya que Cristina supera los 70 años. Este factor está contemplado tanto por la ley nacional como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“Un mayor grado de vulnerabilidad que conduce a que las personas que se encuentran en dicha franja etaria cumplan su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”, es el artículo que respalda a la defensa en su pedido.
Por otro lado, Beraldi y Llernovoy alegan razones de seguridad, que marcan que por el hecho de haber sido Presidenta de la Nación, y por su acceso a “información de carácter secreto o bien confidencial” de Estado, es que la custodia de los ex mandatarios “constituyen una cuestión de interés institucional”.
Además, recordaron: “Nuestra defendida fue víctima de un intento de homicidio”, que no se consumó “por circunstancias absolutamente fortuitas”. Y que si bien los autores materiales están siendo juzgados, los “actores intelectuales” están libres y representan un peligro adicional para CFK.
En resumen, por las medidas de seguridad señaladas y por el intento de magnicidio que atravesó, la defensa sugirió desestimar “cualquier posibilidad de que la expresidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”.
A su vez, los abogados pidieron que las notificaciones personales sean “por medio de una audiencia virtual”, debido a los operativos de seguridad necesarios ante cada potencial acontecimiento.
Para finalizar, señalan la viabilidad de la prisión domiciliaria por la ausencia de riesgo de fuga: “Durante todo el proceso nuestra representada dio pruebas inequívocas de estar sometida al accionar de la Justicia”. Además, resaltaron la custodia permanente que tiene por su condición de expresidenta, lo que ratifica la “inexistencia de cualquier peligro elusivo”.
Por esos motivos también, consideraron que “el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”, debido a que sirve para dar aviso ante salidas del domicilio, trabajo del cual ya se encargaría la custodia.