La Armada de Israel se vio nuevamente envuelta en un conflicto de escalada tras interceptar en aguas internacionales a la Flotilla de la Libertad, un convoy de barcos con activistas de Derechos Humanos y ayuda humanitaria que se dirigía hacia la Franja de Gaza.
El operativo militar, que incluyó el abordaje de embarcaciones por parte de fuerzas israelíes, uno de los cuales estaba ocupado por la activista sueca Greta Thunberg, desató una ola de críticas internacionales, así como una enérgica respuesta de diversos grupos de resistencia palestinos.
Diversas facciones palestinas, entre ellas Hamas y la Yihad Islámica, condenaron en términos contundentes la acción israelí. A través de comunicados difundidos desde la Franja de Gaza, calificaron la interceptación como una “agresión deliberada” contra un esfuerzo pacífico y solidario que buscaba romper el bloqueo humanitario impuesto desde hace casi dos décadas.
El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, sostuvo que «el ataque a la flotilla es una continuación del enfoque criminal de la ocupación israelí contra el pueblo palestino y sus partidarios». A su vez, los Comités de Resistencia Popular advirtieron que este tipo de acciones aumentan la tensión regional y refuerzan la percepción de impunidad de Israel ante la comunidad internacional.
Comunicaciones bloqueadas y creciente tensión regional
Según reportes de los propios organizadores de la flotilla, entre ellos la organización Freedom Flotilla Coalition, las fuerzas israelíes cortaron todas las comunicaciones con las embarcaciones antes de proceder al abordaje, generando una situación de total incertidumbre.
La BBC informó que las señales GPS y de radio fueron bloqueadas, y aún se desconoce el paradero exacto de varios activistas a bordo. El convoy transportaba suministros médicos y alimentos, y estaba compuesto por más de 20 personas de distintas nacionalidades. Entre ellas se encontraban médicos, defensores de derechos humanos y periodistas.
Aunque aún no ha habido una condena formal del Consejo de Seguridad de la ONU, diversas ONG y organizaciones de derechos humanos han reclamado explicaciones a Israel y solicitado garantías sobre la integridad física de los activistas detenidos.
Por su parte, las autoridades israelíes justificaron la acción alegando que cualquier intento de romper el bloqueo marítimo impuesto sobre Gaza constituye una amenaza a su seguridad. No obstante, este argumento ha sido fuertemente cuestionado por activistas y organismos internacionales, que recuerdan que el envío de ayuda humanitaria no puede considerarse una provocación militar.
Esta no es la primera vez que una flotilla humanitaria intenta llegar a Gaza. Desde el año 2010, cuando ocurrió el violento asalto al barco Mavi Marmara, que dejó diez activistas muertos, múltiples misiones civiles han intentado desafiar el bloqueo marítimo impuesto por Israel.
Aunque la mayoría ha sido interceptada, estos esfuerzos mantienen vigente la denuncia internacional sobre las condiciones humanitarias en Gaza y el carácter restrictivo del cerco israelí.
La nueva interceptación ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por los enfrentamientos armados, la ofensiva militar israelí sobre Gaza y las denuncias de crímenes de guerra que hoy investiga la Corte Penal Internacional. La represión a iniciativas pacíficas como la Flotilla de la Libertad refuerza, según analistas, el aislamiento de Israel frente a la opinión pública internacional.
Mientras tanto, en Gaza, la población sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, con escasez de alimentos, medicinas, electricidad y agua potable. La frustración crece al ver cómo se obstaculizan incluso los esfuerzos civiles de asistencia solidaria.