A dos años de la violenta represión en la provincia de Jujuy, tras la polémica reforma constitucional impulsada en junio de 2023, Amnistía Internacional presentó un informe demoledor que denuncia la falta total de avances en la rendición de cuentas por parte del Estado provincial.
Titulado Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad, el informe documenta la sistemática violación a los derechos humanos cometida durante y después de las protestas, entre ellas detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza policial, criminalización de manifestantes —en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios— y la impunidad que aún impera en la provincia.
Reforma sin consulta y represión como respuesta
En menos de un mes, entre mayo y junio de 2023, el gobierno provincial aprobó una reforma constitucional que afectó derechos fundamentales, especialmente los de los pueblos indígenas. La legislación se debatió a puertas cerradas y sin consultas previas, lo que generó una ola de protestas en toda la provincia.
Ante el reclamo social, la respuesta estatal fue brutal: cientos de personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones permanentes, y decenas fueron detenidas de forma arbitraria, incluso niños y adolescentes. Amnistía Internacional entrevistó a 111 personas —el 90% pertenecientes a pueblos indígenas— y analizó más de 50 registros audiovisuales que evidencian el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza policial.
El organismo identificó al menos 170 heridos, incluidos casos de pérdida de visión por impactos de balas de goma o gases lacrimógenos en el rostro, como el de Joel Paredes, ceramista de Humahuaca, quien quedó ciego de un ojo tras participar en una manifestación pacífica.
Criminalización de la protesta y silencio oficial
El informe también denuncia una preocupante estrategia estatal de criminalización de la protesta. Se registraron al menos 99 detenciones durante las manifestaciones y 86 personas fueron imputadas penalmente, la mayoría bajo figuras legales ambiguas como “resistencia a la autoridad” o “entorpecimiento del tránsito”, frecuentemente utilizadas para acallar voces disidentes.
Paralelamente, se aplicaron 82 procesos contravencionales, muchos de ellos sobre personas ya imputadas penalmente, violando principios de legalidad y debido proceso. A pesar de la gravedad de los hechos documentados, ninguna autoridad fue sancionada.
La delegación de Amnistía Internacional que presentó el informe a fines de mayo de 2025 no recibió respuestas institucionales del gobierno de Jujuy. En ese contexto, Ana Piquer, directora regional de Amnistía, subrayó: “La impunidad es el reflejo de una estrategia estatal para silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos”.
Una deuda pendiente con los pueblos indígenas
El informe también hace foco en la exclusión sistemática de los pueblos originarios del debate constitucional y en el contexto de despojo territorial que atraviesan. Jujuy es la provincia con mayor proporción de población indígena del país, y sin embargo, se avanzó en una reforma constitucional sin respetar el consentimiento libre, previo e informado que establece el derecho internacional.
Joel Paredes, uno de los casos emblemáticos de esta represión, fue incluido en la campaña global Escribe por los Derechos de Amnistía en 2024. La organización le entregó en mano miles de cartas de solidaridad de personas de todo el mundo. Su caso, como tantos otros, permanece impune.