El titular de la Cámara Latinoamericana del Litio, Pablo Rutigliano, formalizó ante la Justicia Federal una ampliación de la denuncia penal respecto al “saqueo” del litio. La denuncia cuenta con datos técnicos, cuadros comparativos y un cálculo de pérdidas por más de 400 millones de dólares. En ese contexto, solicitan citar a indagatoria a los responsables de la situación.
La causa penal 3309/23 investiga supuestas irregularidades en el comercio exterior del litio. Ahora, Rutigliano aportó un documento con un análisis técnico-económico detallado que revela, según afirma, un esquema sistemático de subfacturación en las exportaciones de litio argentino durante todo 2024.
Por otro lado, Rutigliano también desmintió una nota periodística de mayo en la que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario anticipaban “un récord histórico de producción y exportaciones de litio para 2025”. Desde la Cámara Latinoamericana del Litio describieron los dichos como “relato especulativo” y acusaron a estas entidades de “manipular la percepción pública con datos sin respaldo técnico”. “La falta de reconocimiento del litio como commodity estratégico y la inexistencia de un mercado interno soberano colocan al país en una situación de extrema vulnerabilidad”, afirma el escrito. “Argentina exporta el 100% de su litio sin contar con herramientas para controlar precios, contratos ni garantizar la transparencia jurídica”, denuncia.
El pedido ante el “saqueo sistemático” del litio
El titular de la Cámara le solicitó al juez interviniente que incorpore el documento titulado “Ampliación de la Denuncia de la Cámara Latinoamericana del Litio” como prueba técnica y sustento para profundizar la investigación. En el mismo se detallan diferencias notorias entre los valores declarados por las empresas exportadoras y los precios internacionales de referencia en mercados como la Bolsa de Shanghái y la London Metal Exchange.
De acuerdo al documento, el precio promedio internacional del carbonato de litio grado batería fue de USD 15.157,30 por tonelada durante 2024, mientras que el valor FOB declarado en Argentina fue de apenas USD 8.889,87 por tonelada. Esta brecha habría generado una pérdida estimada de USD 403.097.617,02 para el país, según el cálculo que surge de los permisos de embarque registrados por las propias empresas.
Las compañías señaladas como principales exportadoras son Minera del Altiplano, Minera Exar, Sales de Jujuy y Puna Mining. Juntas habrían declarado exportaciones por más de USD 608 millones, con un volumen total de 68.458 toneladas.
La presentación judicial solicita al magistrado que avance con medidas clave. Entre ellas, citar a indagatoria a los responsables denunciados, requerir información contable y societaria de las empresas implicadas, aplicar cautelares para proteger el patrimonio nacional y evaluar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que debieron controlar las operaciones. Asimismo, exige explicaciones claras sobre la continuidad de esta situación, responsabilizando a la Secretaría de Minería y a las provincias productoras, así como al organismo recaudador (ARCA).
En la denuncia se asegura que Argentina es víctima de “un proceso de saqueo sistemático de sus recursos por parte de empresas —principalmente de origen chino— que operan sin control efectivo de los organismos estatales”.
Los datos
La Cámara Latinoamericana del Litio informó que continuará monitoreando mensualmente la diferencia entre los precios internacionales del litio y los valores declarados por las empresas argentinas. “Este seguimiento revelará con datos duros la magnitud del desfalco”, aseguraron.
Por ejemplo, en enero de 2024 el precio internacional promedio fue de USD 15.912,9 por tonelada, mientras que las exportaciones argentinas se declararon a USD 9.123,33, lo que implicó una subfacturación de más de USD 40 millones solo ese mes. Este patrón, indicaron desde la Cámara, se repitió en los meses subsiguientes, con pérdidas mensuales que oscilaron entre USD 20 y 47 millones.
“El actual esquema favorece a sectores concentrados y promueve la cartelización de la minería argentina”, advierte el documento presentado en tribunales. “Si no se revierte esta situación, asistiremos a una profundización del vaciamiento estructural del país, avalado por entidades que deberían estar defendiendo los intereses nacionales”.
En este marco, la Cámara Latinoamericana del Litio volvió a reclamar que el litio sea considerado recurso estratégico y que toda política pública sobre el sector se base en información real, verificable y accesible.