A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, el Gobierno nacional profundiza su ofensiva contra los derechos laborales al limitar el derecho a la huelga y ampliar las actividades consideradas esenciales. Se trata de una maniobra que refuerza el control estatal sobre la protesta social y criminaliza la organización sindical.
En el artículo 3, que sustituye al artículo 24 de la Ley N° 25.877, se establece: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”. Y a continuación se impone una limitación brutal del alcance y la eficacia de las medidas de fuerza, exigiendo una cobertura mínima obligatoria del 75% en servicios “esenciales” y del 50% en actividades “de importancia trascendental”.
Cabe mencionar que el listado de las actividades está copiada del DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia. De este modo, el nuevo decreto incluye actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones.
Sobre esta cuestión se refirió el especialista en cuestiones laborales Luis Campos: “No está claro que el Gobierno pueda reponer por un nuevo DNU una parte de un viejo DNU que fue suspendida por una orden judicial. De ser así, ante una sentencia judicial en contra le bastaría con dictar sucesivos DNUs con el mismo contenido. A la CNAT (Cámara Nacionales de Apelaciones del Trabajo) no le va a gustar esto”.
Como si fuese poco, otro de los aspectos peligrosos es dentro del mismo artículo se menciona la creación de una “comisión independiente y autónoma”, denominada Comisión de Garantías. La misma estará integrada por cinco miembros y podrá calificar como “servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes”. Esto último tiene que estar fundamentado y basarse en una serie de circunstancias; por ejemplo, si la actividad afectada constituye un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública.
La resolución, que forma parte de una serie de medidas de desregulación en el sector de la marina mercante y responde a un plan sistemático de desmantelamiento de derechos sociales y laborales, fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
Una medida que atenta contra los derechos laborales
Como era de esperarse, la medida generó fuerte rechazo y pedido de derogación. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) emitieron un comunicado en el que aseguran que la medida continúa con “la política de persecución hacia las y los trabajadores de la Educación instalada en la dictadura militar y retomada por el macrismo”.
En ese sentido, resaltaron que se busca reinstalar un debate saldado hace más de 20 años, “frente a la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 843/00 del Gobierno de De la Rúa y las Resoluciones 480/2001 y 632/2001 del Ministerio de trabajo de entonces, a cargo de Patricia Bullrich”.
Sobre esta cuestión, la UTE recordó que en 2002 la Justicia dictó sentencia definitiva confirmando el fallo del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 2 de la Capital Federal, que hizo lugar a la demanda de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) contra el Estado Nacional y el Ministerio de Trabajo. Demanda que llevó a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 843/00 dictado por el Gobierno de De La Rúa.
En aquella oportunidad también se declararon nulas las mencionadas resoluciones, determinando que la educación no es un servicio esencial a los fines del ejercicio del derecho de huelga.
Respecto a la gestión de La Libertad Avanza (LLA), la UTE resaltó que la Justicia Nacional del Trabajo ratificó la inconstitucionalidad del DNU 70/23 “que sobre la cuestión es un calco del Decreto 340/25 conocido en el día de la fecha”. “La inclusión de la educación como “servicio esencial” solo a los fines del ejercicio del derecho de huelga, al modificar el DNU 340/25 el art. 24 d la Ley 25.877 resulta en consecuencia manifiestamente inconstitucional y arbitrario en la medida que solo puede ser calificados como tales aquellos cuya interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas”, enfatizaron en el comunicado.
Para finalizar, la UTE advirtió que la CTERA recurrirá a los organismos internacionales competentes cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para nuestro país en el marco del sistema de Naciones Unidas.
Las calles no se abandonan
Quien también manifestó su repudio fue la secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional. “Desde ATE y la CTA Autónoma repudiamos este intento de avanzar contra los derechos de la clase trabajadora, derechos que además están ratificados a nivel internacional”, expresó Mercedes Cabezas. “Queremos decirle al presidente Javier Milei que no vamos a abandonar las calles ni a bajar los brazos. Nos quieren disciplinar, y eso nos da aún más impulso para defender a los trabajadores”, agregó.
Además, la representante sostuvo que se protege a los empresarios y a los sectores con más poder por encima de los trabajadores. “Están disolviendo todo tipo de organización; eso es lo que vienen destruyendo desde que asumieron: los lazos sociales, el encuentro colectivo”, afirmó. En esa línea, alertó sobre la amenaza de muerte al secretario general del sindicato a través de redes sociales. “La persecución se da por todos los medios, justo cuando estamos por iniciar una jornada de lucha que prevemos masiva y federal. Ellos son los que tienen miedo”, concluyó.