En respuesta a la delicada situación que atraviesan numerosas instituciones que atienden a personas con discapacidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un conjunto de medidas destinadas a garantizar la continuidad de estos espacios fundamentales.
Los dispositivos afectados, que operan bajo el marco de la Ley 24.901, corren riesgo de cierre por dificultades económicas. Las nuevas acciones buscan asegurar la atención a miles de personas con alto grado de dependencia y ofrecer apoyo a sus familias.
Subsidios directos para evitar cierres
La principal medida contempla la entrega de un subsidio extraordinario equivalente al 24% de la facturación mensual, distribuido en dos cuotas, a 142 Centros de Día, Hogares, Residencias y Centros Educativos Terapéuticos que prestan servicios de alta intensidad.
La inversión total será de $1.777 millones, y alcanzará a 5.900 personas con discapacidad que requieren cuidados y acompañamiento permanentes.
“Estas instituciones no solo brindan atención especializada, también acompañan a las familias en los desafíos que implica el día a día”, afirmó la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.
Proyecto de ley para aliviar la carga fiscal
Otra de las iniciativas es el envío de un proyecto a la Legislatura porteña que propone la exención del pago de Ingresos Brutos y la condonación de deudas a todas las modalidades prestacionales categorizadas que trabajan exclusivamente con personas con discapacidad.
Más apoyo a organizaciones sociales
Por último, se reforzará la línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que otorga financiamiento a organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la discapacidad. El fondo se incrementará a $500 millones.Con estas medidas, la Ciudad busca sostener el funcionamiento de instituciones esenciales, garantizar el derecho a la atención integral de las personas con discapacidad y evitar que miles de familias quedan desamparadas en una etapa marcada por la vulnerabilidad y la urgencia.