Donald Trump asumió su segundo mandato declarando emergencia nacional en la frontera sur. El argumento: hacer cumplir las leyes migratorias para proteger la seguridad del país y la integridad del sistema legal.
Su administración sostiene que al deportar inmigrantes indocumentados se abrirían empleos para ciudadanos y residentes legales, aumentando salarios y reduciendo la competencia en sectores como la construcción, el agro y los servicios.
Sin embargo, diversos estudios advierten que esta política podría reducir el PBI estadounidense en un 7,4%, impactando de forma negativa en industrias que dependen casi exclusivamente de mano de obra migrante.
Derechos humanos en riesgo y programas cancelados
Las nuevas medidas ya provocaron la separación de familias, incluso con ciudadanos estadounidenses expulsados por error. Organizaciones humanitarias denuncian violaciones a derechos humanos y alertan por el peligro que enfrentan muchos migrantes al ser devueltos a contextos de violencia, pobreza extrema o persecución.
El gobierno también puso fin al programa «Parole Humanitario», que había permitido a medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar a EE. UU. huyendo de crisis graves en sus países. La administración de Trump canceló el plan en marzo, argumentando que el gobierno de Joe Biden había abusado del uso de permisos especiales. Quienes no regularicen su situación antes del 24 de abril podrían ser deportados.
Para reducir costos —que ascienden a más de $17.000 por persona deportada— se lanzó un programa de auto-deportación, que ofrece $1.000 y ayuda para el regreso voluntario.
México, deportaciones exprés y el mapa latinoamericano
Estados Unidos desplegó a fines de marzo un destructor de misiles en la frontera sur, en el marco de su estrategia de militarización. Mientras tanto, México se convirtió en un punto clave de retorno para miles de migrantes varados.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su país facilitará el regreso de estas personas a sus lugares de origen. La población en albergues del sur mexicano bajó hasta un 90% en algunos casos, ante la presión de las nuevas políticas estadounidenses.
Trump también ha acelerado deportaciones de personas de otras regiones —como Asia, África y Rusia— hacia países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica y México. Estas expulsiones se realizan sin acuerdos bilaterales claros ni garantías mínimas, lo que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos por la falta de acceso a procesos de asilo y condiciones de detención adecuadas.