Este miércoles 30 de mayo, a las 11, organizaciones de personas con discapacidad, familiares, prestadores de servicios y colectivos aliados convocan a una concentración frente al Anexo del Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí exigirán la aprobación urgente del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2027.
A través de un comunicado, los convocantes comentaron que la iniciativa legislativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, situación que empeoró por el ajuste llevado gobierno de Javier Milei. “El proyecto no solo apunta a resolver urgencias, sino también a garantizar derechos, avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044”.
Las organizaciones convocantes aseguran que la situación es insostenible. Jony de la Silla, referente de Argentina Humana Inclusiva, expresó que el panorama es grave. “Este proyecto garantiza derechos como una pensión específica que hoy no existe. Actualmente, lo que hay es una pensión por ‘invalidez’ laboral, que ya solo el nombre lo dice todo. La propuesta actual la hace compatible con el trabajo y basada en criterios inclusivos”, afirmó.
Por su parte, Laura Vega, integrante de la Red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, advirtió que el sistema de atención “está colapsado” y que el proyecto plantea “el reconocimiento y fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas, que hoy presenta un retraso prestacional del 64%”.
En sintonía, Karina Castagnola, de Hablemos de Autismo Quilmes, sostuvo: “Este proyecto propone el financiamiento adecuado y sostenido de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas que han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social”.
¿Qué propone el proyecto de ley?
Entre otras cosas, la ley plantea la creación de una pensión específica para personas con discapacidad, “basada en criterios inclusivos, accesibles y compatibles con el empleo”. También contempla el fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas, que atraviesa una situación crítica con un retraso prestacional superior al 60%, y propone su actualización mensual. Asimismo, promueve un financiamiento adecuado y sostenido para la Agencia Nacional de Discapacidad y los programas de salud, accesibilidad, empleo y protección social, los cuales fueron afectados por recortes presupuestarios.
Por otro lado, el proyecto apunta a armonizar la legislación nacional con el modelo de derechos humanos, dejando atrás el enfoque médico-asistencialista. En ese sentido, se subraya la importancia de hacer partícipes a las personas con discapacidad y sus organizaciones a la hora de elaborar las políticas públicas.
La convocatoria de este miércoles busca ejercer presión para que el tratamiento legislativo avance de manera urgente. Las organizaciones reclaman que el Estado asuma su responsabilidad y brinde una respuesta concreta a una población históricamente vulnerada. Además, iniciaron una junta de firmas a través de change.org para apoyar el reclamo.