Para el Gobierno el objetivo es que el Congreso refrende el DNU, aunque, según la Constitución, el Parlamento tiene la potestad de discutir la toma de deuda y no está obligado a convalidar un proyecto del Poder Ejecutivo.
Según el comunicado difundido en el cierre del jueves, este acuerdo permitirá “fortalecer el balance del Banco Central, un paso crucial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica”. Además, se espera que contribuya al proceso de desinflación y a la liberación de las restricciones cambiarias.
La cancelación de la deuda con el BCRA, sin embargo, genera un nuevo ciclo de endeudamiento, liderado por Luis Caputo, quien ya había iniciado la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. Este movimiento busca frenar las expectativas de devaluación, lo cual podría comprometer los esfuerzos para reducir la inflación.
Todo eso, enmarcado en un ciclo electoral en la que el Gobierno apuesta a engrosar sus filas legislativas propias, para no depender de los hasta ahora amigables opositores.
El comunicado de Milei
La Oficina del Presidente informó que, tal como se comprometió Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un DNU para obtener su apoyo en el acuerdo con el FMI. Este acuerdo implicará “una operación de crédito público que resultará en una reducción neta de la deuda pública”.
El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el balance del Banco Central, un paso esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, y continuar con el proceso de desinflación y la liberación de restricciones cambiarias.
El comunicado de la Oficina del Presidente.
El Presidente subrayó que “no hay asunto más urgente que terminar con la inflación que ha afectado la vida de los argentinos durante años”. Por ello, aspira a obtener un “compromiso urgente del Congreso”, tal como ocurrió con gobiernos anteriores.
Convertir la lucha contra la inflación en “una política de Estado es una señal clara de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas”. El Presidente confía en el “compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional” para con el bienestar económico del pueblo argentino.
¿El nuevo acuerdo aumenta la deuda?
La nueva etapa del programa incluiría unos US$10.000 millones, destinados exclusivamente a saldar compromisos del Tesoro Nacional con el Banco Central. Según las autoridades, esta medida no incrementará la deuda del país.
Sin embargo, diferentes especialistas analizaron que si el FMI libera más dólares, la deuda argentina con el organismo sí aumentará.
Milei destacó que esta operación fortalecerá el balance del Banco Central, mejorando su patrimonio neto. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial y ex viceministro de Economía, coincidió en que, aunque no se incremente la deuda, efectivamente se ampliará el préstamo del FMI.
El Gobierno sostiene que este nuevo acuerdo aumentará las posibilidades de eliminar el cepo cambiario hacia fin de año. La salida del cepo se realizará de manera gradual y posiblemente después de las elecciones, para evitar riesgos de una corrida cambiaria.
Para Guillermo Michel, extitular de la Aduana, “avanzar con un nuevo endeudamiento con el FMI mediante un DNU es irresponsable y genera una estado de inseguridad jurídica para la Argentina”.
Michel agregó, en un hilo en la red X, que “los incisos 4 y 7 de la CN establecen que es facultad del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
Esas definiciones, básicas desde el ordenamiento legal, con la referencia al artículo 75 de la Constitución Nacional, se complementan con la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada a comienzos de 2021.
En ese momento, para darle una salida a las negociaciones por la reestructuración de la deuda con el FMI, que databa de 2018, la gestión de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán, buscaba fortalecer “mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de planes de estabilización macroeconómica por plazos que exceden un período de gobierno, sean políticas de Estado”.
Desde el punto de vista jurídico, también hizo su aporte el abogado constitucionalista Félix Lonigro quien recordó que cualquier acuerdo con el FMI que implique tomar deuda debe “ser aprobado por el Congreso, según lo establece la Constitución”.
A estas definiciones se le suman expresiones que llegan desde el propio Congreso, donde referentes opositores hablaron de “atropello institucional” y “patoteada”, además de denunciar que el Gobierno no quiere mostrar los detalles del acuerdo.
El socialista santafecino Esteban Paulón afirmó que “el gobierno no pide ninguna autorización. Prescinde de ella, puentea al Congreso y hace lo que se le canta, como siempre”.
Los diputados radicales de Democracia para Siempre Fernando Carbajal y Pablo Juliano, fueron en el mismo sentido. Carbajal sostuvo que Javier “Milei elige la patoteada en vez el camino de la institucionalidad”. Carbajal calificó de “inmoral” al Presidente y aseguró que “un gobierno que endeuda a fuerza de DNU jamás podrá ser liberal, en un futuro serás un chiste de mal gusto”.
Del bloque de Diputados Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, denunció que el Presidente “no quiere mostrar los detalles técnicos de la deuda que está contrayendo ni los compromisos que asumirá el país”. Por eso, “recurre una vez más a un DNU, esta vez para autorizarse a sí mismo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI”.
De todos modos, hay que tener en cuenta que muchos de quienes ahora salen a despegarse del accionar, en el nombre de la institucionalidad y el rol del Congreso, siguen sin dar tratamiento al eventual rechazo en Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Ese instrumento, vigente porque no alcanza la reprobación que se hizo desde el Senado, es junto a la Ley de Bases, el soporte legal del que se vale Milei para seguir gobernando por decreto.
Aunque eso configure una nueva estafa. Esta vez no con las criptos, sino a partir de un nuevo acuerdo con el FMI.